Tras cinco años de disputas judiciales y arbitrales, el Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria Nuevo Pudahuel alcanzaron un acuerdo que extiende la concesión hasta 2038 y ajusta la distribución de ingresos entre la empresa y el Estado. El entendimiento, pendiente de aprobación por la Contraloría, también podría afectar el litigio internacional que mantienen los accionistas de la concesionaria y refleja ajustes similares en aeropuertos de otros países afectados por la pandemia.
Cómo comenzó la disputa
Pudahuel, Santiago de Chile. 8 de febrero 2026. La controversia se inició en 2021, cuando la concesionaria solicitó que la pandemia de COVID-19 fuera considerada un hecho sobreviniente, argumentando que sus efectos sobre el tráfico aéreo “alteraron sustancialmente y en forma duradera” el equilibrio del contrato. Según la empresa, esto representó una pérdida de ingresos comerciales y por pasajeros embarcados equivalente a más de UF 7.741.000 (aproximadamente US$ 323 millones).
Qué establece el nuevo acuerdo
Extensión de la concesión:
- Inicialmente, Nuevo Pudahuel debía administrar el aeropuerto hasta fines de 2035. Con el acuerdo, la concesión se extiende tres años más, hasta 2038.
Redistribución de ingresos:
- Actualmente, los ingresos comerciales y por pasajero se reparten 22,44?% para Nuevo Pudahuel y 77,56?% para el Estado, según la memoria anual 2024 de la concesionaria, un documento oficial que detalla la operación financiera y corporativa de la empresa.
- Con el acuerdo, esta proporción se modificará de modo que la concesionaria perciba un porcentaje mayor y el Estado uno menor, permitiendo que Nuevo Pudahuel recupere parte de los ingresos perdidos durante la pandemia.
- Aún no se ha publicado el porcentaje exacto de la nueva distribución, que se conocerá cuando el acuerdo pase por la Contraloría y se formalice su entrada en vigencia.
Qué se reparte y quién recibe qué:
- Los ingresos que se redistribuyen incluyen tanto los generados por locales comerciales, estacionamientos y servicios dentro del aeropuerto, como las tarifas que se cobran por cada pasajero embarcado.
- Nuevo Pudahuel, como concesionaria, recibe una parte de estos ingresos por administrar y mantener la infraestructura.
- El Estado recibe la mayor parte, que se destina a financiar infraestructura pública y otros compromisos del aeropuerto.
- Otros actores, como aerolíneas y proveedores de servicios, reciben pagos por operaciones específicas, pero esos no forman parte del reparto entre la empresa y el Estado.
Impacto legal y financiero
El acuerdo también tiene implicancias en el litigio internacional que los accionistas de Nuevo Pudahuel —ADP International y Vinci Airports— mantienen ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
- Mientras se formaliza el acuerdo, este litigio quedará temporalmente en pausa, sin generar costos adicionales para ninguna de las partes, hasta que se resuelva de forma definitiva.
- Tanto el MOP como Nuevo Pudahuel han declinado hacer comentarios oficiales.
Contexto internacional
Chile no es el único país que ha enfrentado este tipo de ajustes por la pandemia. Aeropuertos en España, Francia, México y Brasil también renegociaron contratos con sus operadores privados, modificando ingresos, tarifas y plazos de concesión para compensar la caída del tráfico aéreo. En todos los casos, el objetivo fue garantizar la operación de los aeropuertos, proteger a las empresas y evitar litigios prolongados.
Qué significa para el futuro del aeropuerto
Este tipo de ajustes permite mantener la operación estable del aeropuerto y proteger los intereses de ambas partes.
- Sin embargo, el acuerdo también plantea interrogantes sobre la futura expansión de la terminal, originalmente proyectada hasta 2050, cuya extensión podría verse modificada en función de decisiones futuras del Estado y la concesionaria.
Resumen del acuerdo
| Elemento | Antes del acuerdo | Después del acuerdo | Beneficio principal |
| Plazo de concesión | Hasta 2035 | Hasta 2038 | Empresa: estabilidad y previsibilidad |
| Participación en ingresos | Empresa 22,44% / Estado 77,56% | Mayor participación para la empresa | Empresa: recuperar ingresos; Estado: operación segura |
| Litigio internacional | En curso en Ciadi | Suspendido mientras se formaliza | Ambos: evitan costos y riesgos legales |
El acuerdo no tiene un ganador o perdedor absoluto:
- Nuevo Pudahuel recupera ingresos y asegura la continuidad de su concesión.
- El Estado garantiza la operación del aeropuerto y evita juicios costosos.
En conjunto, es un compromiso que busca equilibrio entre intereses públicos y privados, asegurando estabilidad operativa y financiera, mientras se resuelven disputas legales. Además, refleja una tendencia internacional, ya que países afectados por la pandemia adoptaron medidas similares para proteger tanto a los aeropuertos como a los operadores.
La redistribución exacta de los ingresos entre el Estado y la concesionaria aún no ha sido publicada oficialmente. Solo se conocerá cuando el acuerdo pase por la Contraloría y se formalice su entrada en vigencia.
En conjunto, es un compromiso que busca equilibrio entre intereses públicos y privados, asegurando estabilidad operativa y financiera mientras se resuelven disputas legales y se proyecta el futuro de la principal terminal aérea del país