La llegada de José Antonio Kast a la presidencia instala un proyecto político que promete orden, seguridad y estabilidad en un contexto de malestar e incertidumbre. La hipótesis de fondo es clara: ese orden puede ofrecer tranquilidad a corto plazo, pero si se construye sobre límites rígidos de pertenencia y reconocimiento, corre el riesgo de profundizar la fragmentación social y reactivar conflictos que no desaparecen, solo se postergan. Este enfoque no aparece de la nada; responde a la sensación de inseguridad y al cansancio frente a cambios que muchas personas vivieron como rápidos y desconectados de su vida cotidiana. En este sentido, analizamos las posibles consecuencias que un gobierno así implicaría para los grupos más vulnerados históricamente, como las disidencias de género, los pueblos indígenas, las mujeres, personas migrantes y sectores populares.
En el caso de las disidencias sexo-genéricas, el énfasis de los valores conservadores en una moral pública centrada en la familia tradicional suele empujar el reconocimiento de la diversidad hacia el espacio privado. No siempre se trata de quitar derechos de manera directa, sino de dejar de nombrar y de proteger. Cuando el Estado baja el perfil en estos temas, el mensaje que se instala es que hay formas de vivir más aceptadas que otras, lo que termina afectando la convivencia diaria, la escuela, la salud y la sensación de seguridad.
Algo parecido ocurre con los pueblos indígenas. La prioridad puesta en la unidad nacional y el control del territorio tiende a reducir conflictos históricos a problemas de orden público. De ese modo, se dejan de lado conversaciones más profundas sobre desigualdad, reconocimiento y reparación, apostando a soluciones rápidas que rara vez resuelven el fondo del conflicto. Esto genera una trampa de expectativas: al no concretarse ese anhelo de orden, la frustración se disparará precisamente en aquellos sectores que, alineados con casi el 60% de Kast, estuvieron dispuestos a invisibilizar las demandas indígenas y oponerse a la regularización de migrantes a cambio de “más seguridad”. Al no recibir ni lo uno ni lo otro, su descontento validará discursos aún más radicales ante lo que perciben como inoperancia estatal.
Respecto de los grupos más vulnerados históricamente, como mujeres, personas migrantes y sectores populares, el discurso del esfuerzo individual puede parecer justo, pero muchas veces ignora que no todas las personas parten con los mismos privilegios, ni gozan del respeto irrestricto de sus derechos humanos. Cuando la protección social se entiende como algo excepcional y no como un derecho, el peso del bienestar recae en redes privadas desiguales, que en lugar de beneficiar a la mayor parte de la población chilena, termina perpetuando la precarización y las desigualdades sociales.
Este proyecto puede ofrecer certezas a quienes sienten que el país se les había vuelto ajeno o desordenado. Pero esa misma promesa de orden puede apoyarse en fronteras cada vez más estrictas sobre quiénes son parte del “nosotros” y quiénes no. Cuando la estabilidad se construye silenciando diferencias, la convivencia se vuelve frágil y la cohesión social termina siendo más aparente que real. El desafío será si este gobierno logra gobernar para una sociedad diversa y cambiante, o si el orden que propone termina profundizando distancias y resentimientos que, tarde o temprano, vuelven a emerger.
Por: Paz Depallens y Fabián Ocaranza – Socialdata.cl – Diciembre 2025