Informe del organismo fiscalizador reveló que al menos 10 vehículos fueron reparados durante 2024 sin formar parte de la flota licitada, con regularizaciones efectuadas mediante decretos alcaldicios retroactivos y al margen de los mecanismos formales de contratación, lo que derivó en la orden de iniciar procedimientos disciplinarios.
Pudahuel, Santiago de Chile. 27 de diciembre 2025. La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre la gestión de recursos públicos en la Municipalidad de Pudahuel tras emitir el Informe Final N° 550 de 2025, que da cuenta de graves deficiencias administrativas, contractuales y de control interno en el contrato de mantención y reparación de vehículos municipales adjudicado a la empresa Comercializadora C y G Ltda.
El examen de cuentas se concentró en los pagos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque extendió su análisis a otros períodos cuando fue necesario. La fiscalización se originó a partir de una denuncia presentada bajo reserva de identidad, que alertaba sobre eventuales sobreprecios, pagos irregulares y debilidades en la ejecución presupuestaria.
Incumplimientos contractuales y multas aplicadas fuera de plazo
Uno de los principales hallazgos del informe fue el incumplimiento reiterado del proveedor respecto de la obligación de contar con personal calificado y un profesional automotriz exclusivo para la gestión de la flota municipal, exigencia establecida en las bases técnicas del contrato.
Dicho incumplimiento estaba sancionado con una multa de 0,5 UTM por evento, lo que equivalía a $1.647.528 durante 2024. Sin embargo, estas sanciones no fueron aplicadas oportunamente, evidenciando una falta de control por parte del municipio.
A ello se sumó la detección de que la empresa mantuvo patente comercial vencida en distintos períodos entre 2022 y 2024, situación conocida por el Inspector Técnico del Servicio (ITS), pero no sancionada íntegramente, lo que derivó en multas no cursadas por $137.296.
Si bien, tras el preinforme, la municipalidad acreditó el cobro de multas por un total de $1.784.824, la Contraloría fue enfática en señalar que estas acciones fueron reactivas y extemporáneas, manteniendo la observación y ordenando la implementación de un procedimiento formal de control contractual permanente.
Vehículos reparados sin respaldo contractual
El informe también reveló que 10 vehículos ingresados a reparación durante 2024 no formaban parte de la flota originalmente licitada, sin que se realizara la correspondiente modificación contractual mediante escritura privada, tal como exigían las bases administrativas.
La Contraloría advirtió que estas incorporaciones se efectuaron al margen de los mecanismos formales de contratación, generando riesgos legales y administrativos relevantes. Incluso, algunas regularizaciones se realizaron mediante decretos alcaldicios dictados de forma retroactiva, cuando el contrato ya se encontraba próximo a su término.
Ante estos hechos, el organismo fiscalizador ordenó instruir procedimientos disciplinarios y establecer un protocolo de revisión contractual, con etapas, responsables y controles definidos.
Reparaciones que superan el valor fiscal de los vehículos
Uno de los aspectos más críticos del informe dice relación con la ausencia de criterios económicos objetivos para autorizar reparaciones de alto costo.
Durante 2024, la Municipalidad de Pudahuel pagó $316.799.019 por la mantención y reparación de 34 vehículos municipales. El análisis reveló que en varios casos el gasto en reparaciones igualó o superó la tasación fiscal del vehículo, llegando hasta 1,8 veces su valor, lo que plantea serias dudas sobre la eficiencia del gasto.
Además, se constató que el 100% del gasto se concentró en solo 22 vehículos, algunos de los cuales ingresaron a reparación hasta seis veces en un mismo año, sin que existiera una evaluación formal sobre su vida útil, valor residual o conveniencia económica de reparación versus reposición.
Caso emblemático: camión reparado por $16,5 millones
El informe cuestiona particularmente el pago de $16.506.431 (IVA incluido) por la reparación del camión municipal N°25, cuyo motor se fundió en agosto de 2023 debido a una eventual negligencia del operador.
La Contraloría advirtió que el municipio no solicitó cotizaciones alternativas, pese a que la tasación fiscal del vehículo bordeaba los $15 millones, es decir, un valor similar al costo de la reparación. Además, el proveedor redujo el presupuesto inicial en $10,8 millones, sin que existiera respaldo técnico que explicara dicha rebaja.
Aunque el municipio argumentó que la reparación era más conveniente que adquirir un camión nuevo, la Contraloría concluyó que no se evaluaron adecuadamente las alternativas, manteniendo la observación por vulnerar los principios de eficiencia y buen uso de recursos públicos.
Fiscalización técnica deficiente y falta de respaldos
El informe también evidenció una fiscalización técnica insuficiente, limitada principalmente a inspecciones visuales, sin exigir documentación que acreditara si los repuestos utilizados eran originales o sustituidos.
Asimismo, se constató la omisión del libro de servicio o manifold, exigido expresamente en las bases, lo que impidió verificar órdenes de trabajo, observaciones formales, instrucciones del ITS y aplicación de multas.
Para la Contraloría, esta debilidad incrementa el riesgo de pagos por servicios deficientes o de menor estándar, afectando directamente el patrimonio municipal.
Sumarios con retrasos injustificados
Otro punto crítico fue la excesiva demora en una investigación sumaria iniciada en noviembre de 2023 para determinar responsabilidades por el daño al camión municipal. Al 25 de junio de 2025, el procedimiento acumulaba 403 días hábiles sin concluir, pese a que la normativa establece plazos muy inferiores.
Si bien la Contraloría indicó que la demora no invalida el proceso, advirtió que esta situación podría generar nuevas responsabilidades administrativas, ordenando agilizar su término.
Medidas obligatorias y seguimiento
Finalmente, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Pudahuel a:
- Implementar registros técnicos y financieros detallados de la flota vehicular.
- Establecer criterios económicos obligatorios para reparaciones de alto costo.
- Formalizar procedimientos de control contractual y fiscalización técnica.
- Iniciar procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
- Acreditar todas las medidas adoptadas ante el organismo fiscalizador dentro de plazos de hasta 60 días hábiles.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la gestión, control y transparencia del gasto público a nivel municipal, especialmente en contratos de alto impacto operativo y financiero.