La Corporación Municipal de Desarrollo Social citó a los familiares para entregar los resultados de una auditoría clínica. Sin embargo, en la reunión la autoridad señaló no estar autorizada para revelarlos y confirmó que no existe sumario administrativo, argumentando que los médicos involucrados trabajaban a honorarios. La familia continúa acciones judiciales y exige responsabilidades institucionales.
Pudahuel, Santiago de Chile, 5 de diciembre de 2025. Lo que prometía ser una instancia decisiva terminó en silencio institucional, respuestas evasivas y una frase que, según los afectados, quebró la confianza de una familia que exige justicia por la muerte de Alicia Silva Reyes, madre, esposa y abuela pudahuelina.
“No se puede hacer sumario administrativo porque los médicos eran honorarios.”
Así finalizó la reunión del 27 de noviembre entre los familiares de la paciente fallecida y autoridades de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Pudahuel, organismo responsable de la red de salud comunal. La familia se retiró tras constatar que la institución no entregaría la información para la cual habían sido convocados formalmente.
Un caso marcado por dos atenciones y un diagnóstico que nunca convenció a la familia
Los hechos se remontan a septiembre, cuando la paciente —vecina de Pudahuel— acudió en dos oportunidades al Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Pudahuel Estrella, conocido como la posta de urgencia de La Estrella.
Primera atención — 13 de septiembre, 19:48 horas
Según el Dato de Atención de Urgencia (DAU) N.º 55333875, la paciente fue estabilizada, medicada y enviada a su hogar. El diagnóstico consignado fue “constipación aguda”, asociado a dolor e hinchazón abdominal. En esta atención participaron tres médicos, tres técnicos y dos enfermeras.
Segunda atención — 15 de septiembre, 18:08 horas
Al no presentar mejoría, la familia regresó al recinto. El nuevo diagnóstico, registrado en el DAU N.º 55376455, fue “faringitis aguda – J02”. Se indicó reposo, hidratación y medicamentos. Esta vez intervino un médico, un técnico y una enfermera.
Lejos de mejorar, la paciente —según relató su familia— presentó un deterioro progresivo. El 16 de septiembre fue trasladada, por decisión de sus familiares, a la Clínica Bicentenario SpA, donde falleció al día siguiente, a las 07:51 horas. De acuerdo con el certificado médico de defunción, la causa de muerte fue un shock séptico refractario, originado en una neumonía grave.
Su esposo, Juan Manuel Rodríguez Sáez, relató públicamente los hechos en el programa Medio A Medio, transmitido por streaming, Facebook Live, Radio Espacio Latino y Diario Tropezón, acompañado por sus hijos. La familia denuncia falta de humanización en la atención y eventuales negligencias médicas, hoy investigadas por diversas instancias.
Una reunión citada para informar resultados… que no se entregaron
La familia, junto al abogado patrocinante Ignacio Enrique Alarcón Benavides, asistió a la reunión convocada mediante carta oficial de la CMDS de Pudahuel. El documento señalaba como objetivo:
“Informar los resultados finales de la Auditoría Clínica Cruzada y atender consultas adicionales.”
No obstante, al inicio del encuentro, la directora de Salud comunal, Tamara Ahumada, comunicó que no estaba autorizada para entregar los resultados debido a la existencia de un proceso judicial en curso, según relató el abogado.
En la práctica, la institución había citado oficialmente a la familia para entregar un informe que, llegado el día, declaró no poder proporcionar.
La reunión derivó entonces en lo que los afectados describen como “un espacio de contención y humanización”, lo que —a juicio de la familia— implicó un cambio arbitrario del propósito original y una falta de rigor institucional.
El punto crítico: no habrá sumario administrativo
La tensión aumentó cuando el abogado consultó directamente:
“¿Se instruyó un sumario administrativo?”
La respuesta fue categórica: no existe sumario, no se ha instruido ni se instruirá.
La directora argumentó que los médicos involucrados trabajaban a honorarios, por lo que —según la institución— no sería jurídicamente procedente iniciar un sumario administrativo.
El abogado precisó que la solicitud no se limitaba a los médicos, sino también a:
- Jefaturas del servicio
- Responsables de supervisión
- Protocolos de funcionamiento del SAR
- Posibles fallas institucionales de la red de urgencia municipal
Aun así, la postura no cambió.
La Corporación reconoció únicamente la existencia de una auditoría clínica cruzada, la cual:
• no es un sumario,
• no cuenta con fiscal,
• no genera responsabilidades administrativas.
En resumen, no existe investigación administrativa alguna:
• ni sobre médicos,
• ni sobre jefaturas,
• ni sobre protocolos del SAR,
• ni sobre la Corporación Municipal.
Procesos judiciales vigentes
La familia mantiene acciones paralelas:
- El 17 de octubre de 2025 presentó una querella por cuasidelito de homicidio en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago contra los médicos y quienes resulten responsables
- Además, el caso fue ingresado a mediación sanitaria obligatoria ante el Consejo de Defensa del Estado, instancia declarada admisible y actualmente en desarrollo. Su contenido es confidencial por ley.
El retiro de la familia y el quiebre definitivo
Ante la confirmación de que:
• no se entregarían los resultados prometidos,
• no existe ni existirá sumario administrativo,
• y que la decisión se fundamenta en contratos a honorarios,
la familia decidió retirarse del encuentro. No hubo incidentes, solo la constatación de que la cita no cumpliría su propósito.
¿Puede un servicio de urgencia municipal quedar sin investigación administrativa?
Esa es la pregunta que comienza a instalarse entre vecinos de Pudahuel.
Para la familia, la humanización en la atención es esencial, pero no puede reemplazar la responsabilidad institucional.
Cuando una autoridad convoca formalmente a entregar información y luego señala que no puede hacerlo, advierten, la confianza pública queda dañada.
La familia anunció que continuará sus gestiones ante las autoridades sanitarias y el Consejo de Defensa del Estado.
“La vida de una vecina merece verdad, justicia y responsabilidades claras”, afirmaron.
Por Equipo de Prensa, Diario Tropezón