El concejal Cristian Mallea impulsa una fiscalización integral y atribuye responsabilidades al gobierno comunal tras una balacera que dejó al menos una persona herida en la feria navideña de San Pablo. En paralelo, el abogado Ignacio Alarcón encabeza una ofensiva jurídica que incluye un recurso de protección, una presentación ante la Contraloría y la eventual preparación de una demanda colectiva.
Pudahuel, Santiago de Chile | 15 de diciembre de 2025. La balacera registrada en la feria navideña de San Pablo no solo dejó al menos una persona herida y escenas de pánico entre comerciantes, familias y niños que concurrían al lugar, sino que abrió un flanco político y judicial en la comuna de Pudahuel. El hecho enfrentó de manera directa al gobierno comunal con sectores de la oposición municipal, que anunciaron acciones “hasta las últimas consecuencias” para establecer responsabilidades.
El concejal Cristian Mallea (Renovación Nacional), integrante de la oposición al alcalde Ítalo Bravo, descartó que el episodio pueda ser calificado como un “hecho aislado” y anunció una ofensiva institucional contra la Municipalidad de Pudahuel. Para ello, encomendó la conducción jurídica y estratégica del caso al abogado Ignacio Enrique Alarcón Benavides, comunicador social y vecino de la comuna, conocido por su activa participación en la defensa de derechos ciudadanos frente a presuntas omisiones municipales.
Caos en la feria navideña de San Pablo
Los hechos ocurrieron la noche del viernes 12 de diciembre, entre las 21:30 y las 23:30 horas, en la feria navideña autorizada con patente temporal por el municipio, ubicada en avenida San Pablo, en el tramo colindante con Dagoberto Godoy. En dicho recinto, los locatarios habían pagado patentes municipales para ejercer comercio entre el 12 y el 24 de diciembre de 2025.
De acuerdo con testimonios recabados, la jornada terminó marcada por una riña a golpes entre un comerciante formal y vendedores informales. Posteriormente, algunos de los involucrados habrían regresado armados, efectuando disparos en pleno recinto ferial. El resultado fue, al menos, una persona herida por impactos balísticos, salidas bloqueadas, niños expuestos a los disparos y diversos puestos de comercio dañados, con cuantiosas pérdidas de mercadería.
Los afectados denunciaron la ausencia de seguridad municipal efectiva y una respuesta tardía de Carabineros, pese a los reiterados llamados de auxilio realizados durante el desarrollo de los incidentes.
Cabe recordar que, en 2024, en esta misma feria navideña y en el mismo sector, se registró un episodio de características similares, con una balacera que dejó dos personas heridas a bala y generó caos generalizado. Según informó en su momento Diario Tropezón, cerca de 200 comerciantes con patente temporal firmaron entonces una carta de reclamo, ingresada formalmente a la Municipalidad de Pudahuel, en la que denunciaban graves falencias en materia de seguridad.
Frente político y frente jurídico
Desde el Concejo Municipal, el concejal Mallea asumió el rol fiscalizador que le compete, anunciando que exigirá explicaciones formales y la determinación de eventuales responsabilidades políticas. En paralelo, el abogado Alarcón estructuró la estrategia legal, coordinando la recopilación de pruebas, testimonios y antecedentes junto a vecinos y comerciantes afectados, convirtiéndose en la principal cara visible de la respuesta jurídica frente a lo ocurrido.
Tres acciones que tensionarán al municipio
La ofensiva contempla, al menos, tres frentes abiertos:
Recurso de protección.
Ya presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicita que se declare ilegal y arbitrario el actuar municipal, y que se ordene la implementación de planes de seguridad obligatorios para ferias autorizadas, con presencia permanente de guardias, control efectivo del comercio informal, coordinación real con Carabineros y protección especial para niños y familias.
Denuncia ante la Contraloría General de la República.
Se solicita que el organismo revise una eventual falta de servicio en una actividad municipal autorizada y cobrada sin resguardo adecuado. Además, se pide indagar la existencia real de planes de seguridad, el uso de recursos públicos, posibles fiscalizaciones selectivas y eventuales responsabilidades administrativas.
Eventual demanda colectiva.
El equipo jurídico busca coordinar, junto a los locatarios afectados, una acción civil que podría derivar en indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante —en plena temporada navideña— y daño moral, especialmente por la exposición de menores a violencia armada. La acción se fundamentaría en la falta de servicio y en la responsabilidad derivada del cobro de patentes municipales sin condiciones mínimas de seguridad.
Un caso que trasciende lo policial
El episodio fue documentado por el medio local Diario Tropezón, que reportó la existencia de una persona herida, la ausencia de seguridad y el hallazgo de un proyectil balístico en uno de los puestos de venta. Hoy, ese reportaje se ha transformado en el punto de partida de un conflicto mayor, que instala el debate sobre la gestión comunal, la seguridad en actividades autorizadas y las responsabilidades del Estado local ante hechos de extrema gravedad que, además, se repiten en el tiempo, según sostuvo el abogado Alarcón.
Desde el entorno del concejal Mallea y del abogado Alarcón, el mensaje es categórico: no se trató de mala fortuna ni de un incidente aislado, sino de una feria municipal sin resguardos adecuados, con familias y niños expuestos a un riesgo extremo. La disputa —advierten— recién comienza.