Pudahuel, Santiago de Chile. La mañana del 25 de noviembre Tropezón estuvo en el Centro de Justicia en la comuna de Santiago para conversar con el ex concejal Patricio Cisternas, la senadora Ximena Rincón y el abogado Marcelo Castillo sobre la querella en contra de la Municipalidad de Pudahuel. Acción judicial que agrega nuevos antecedentes para la investigación de presuntas irregularidades en base al escrito presentado en octubre de 2024.
El libelo que está en trámite ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago se presenta “en contra de todos aquellos funcionarios públicos de la I. Municipalidad de Pudahuel y de otras personas que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores” por el delito de fraude al fisco.
El abogado Marcelo Castillo indicó que el objeto de la querella es investigar una serie de “contrataciones directas por 4.200 millones de pesos a servicios de aseo y de jardinería que no tenga ninguna justificación”. Siendo hechos graves y reiterados que según Castillo “dan cuenta de un patrón bastante inusual en un municipio” sin que haya licitación pública “lo cual evidentemente atenta contra los intereses fiscales”.
El origen de esta acción judicial tiene como base, entre varios documentos aportados, el Informe de Investigación Especial N° 250 de fecha 30 de agosto de 2024 hecho por la Contraloría General de la República.
El exconcejal Patricio Cisternas, quien presentó recientemente su renuncia al cargo, señaló: “Estuvimos junto a la senadora Ximena Rincón y nuestro abogado Marcelo Castillo en el Centro de Justicia, ampliando la querella por fraude al fisco y entregando nuevos antecedentes sobre tratos directos en la DAOMA de la Municipalidad de Pudahuel.
“Las contrataciones directas, detalladas en las órdenes de compra mencionadas en el Informe de Investigación N° 452/2024 de la Contraloría General de la República, causan un perjuicio evidente al interés y patrimonio fiscal, el cual debe ser investigado y sancionado. Este perjuicio compromete la suma de $4.279.632.337 (cuatro mil doscientos setenta y nueve millones seiscientos treinta y dos mil trescientos treinta y siete pesos) y vulnera el principio de probidad, ya que dichas contrataciones se realizaron sin una justificación jurídica válida para proceder de manera directa”, argumentó Cisternas.
En relación con el informe de la Contraloría General de la República, Cisternas destacó que “detecta varias irregularidades que, a juicio de nuestro abogado Marcelo Castillo, configurarían un presunto fraude al fisco”. Además, agregó que “se entregaron todos los antecedentes junto con el informe de fiscalización para que sean investigados por la PDI, y se solicitó la citación de algunos funcionarios que deben rendir cuentas sobre el uso de los recursos de todos los pudahuelinos”.
Para la senadora Rincón el informe de Contraloría sobre el estado el uso de los recursos y las licitaciones es una situación “gravísima”. “Estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos, si Pro cultura nos parece grave con 1600 millones imagínense este caso: tres empresas vinculadas tratos directos sin ningún tipo de justificación.
Destacó también la carencia de recursos municipales para cubrir una serie de urgencias sociales: “hoy día faltan recursos para un sinnúmero de situaciones (como) listas de espera, atenciones en infraestructura, los temas en educación que son temas que la ciudadanía necesita. Y aquí se asignan recursos sin licitación de manera directa nos gustaría conocer el vínculo con las empresas nos gustaría saber”.
Rincón cuestionó el fundamento de las decisiones de la administración municipal del alcalde Bravo: ¿Cuál es la justificación? Y, por cierto, nos gustaría que los responsables sean sancionados con el máximo rigor de la ley. Porque al final del día lo que se está haciendo acá es vulnerar la fe pública, y usar de manera abusiva los recursos sin que haya transparencia en su asignación.
Ante la consulta de Tropezón a la senadora si es que ha tomado contacto con el alcalde Bravo declaró: “no, ni lo voy a hacer. Aquí lo que corresponde es que la justicia haga su trabajo. No me corresponde a mí, no es mi rol intermediar y lo que yo he hecho simplemente es tomar los antecedentes hacer las presentaciones junto al ex concejal a la Contraloría y con los antecedentes. Como no hubo una presentación de la Contraloría al Ministerio Público, hacemos nosotros lo que corresponde”.
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