Una discusión sobre legitimidad y transparencia en pleno proceso electoral.
Pudahuel, Santiago de Chile. 8 de octubre 2025. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, ver nombres repetidos en la papeleta despierta la inquietud ciudadana. Mientras tanto, los partidos políticos reciben cada año miles de millones de pesos en financiamiento estatal, según lo establece la legislación vigente.
El financiamiento público a los partidos vuelve a estar en el centro del debate, a las puertas de una nueva elección presidencial. Según datos oficiales del Servicio Electoral (Servel), en 2024 las colectividades recibieron en conjunto más de $4 mil millones, distribuidos en cuotas trimestrales conforme a la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
El cálculo de estos aportes se realiza a partir de los resultados de las últimas elecciones parlamentarias. Por cada voto válido obtenido, el Estado entrega a las colectividades 0,04 UF (aproximadamente $1.500 pesos), monto que constituye el ingreso anual de cada partido y que se paga en cuatro cuotas trimestrales.
Financiamiento estatal 2024
A diferencia de los partidos, los candidatos independientes no reciben financiamiento anual, sino solo durante los períodos de campaña, bajo el mismo criterio de 0,04 UF por voto válido y en proporción a los sufragios obtenidos.
Estos recursos se destinan a gastos administrativos —arriendos, sueldos, servicios básicos—, además de la difusión de actividades partidarias, procesos internos y programas de formación política. Durante las campañas, parte de los fondos se utiliza en propaganda y promoción de candidaturas. Todo gasto debe ser rendido ante el Servel, que fiscaliza y, en caso de irregularidades, puede aplicar sanciones o exigir la devolución de recursos.
Sin embargo, la legitimidad de este financiamiento público genera creciente descontento ciudadano. Según la Encuesta Nacional de Opinión Pública del CEP (diciembre de 2023), solo un 2% de los chilenos confía en los partidos políticos, ubicándolos entre las instituciones peor evaluadas. De manera similar, la encuesta Cadem refleja un rechazo mayoritario a que se destinen fondos estatales a estas organizaciones.
El objetivo del financiamiento estatal es fortalecer la transparencia y el funcionamiento democrático. No obstante, la persistente desconfianza ciudadana abre un debate profundo:
¿es justo seguir destinando estas sumas de dinero a los partidos políticos mientras persisten carencias sociales urgentes?
Por: Europa Guzmán Rivera