A casi tres años de su promulgación, la Ley Uber sigue sin aplicarse por el fracaso en la implementación del Registro de Empresas de Aplicaciones de Transporte. Millones de pesos gastados, licitaciones fallidas y dudas sobre la gestión del Ministerio de Transportes marcan una crisis que golpea la confianza ciudadana.
Pudahuel, Santiago de Chile. 2 de octubre de 2025. La Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley Uber), promulgada en abril de 2023 para ordenar el mercado del transporte de pasajeros, sigue empantanada por la incapacidad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de poner en marcha su herramienta central: el Registro de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT).
El caso no solo representa un fracaso técnico, sino también un golpe a la confianza ciudadana. Mientras se gastan millones de pesos en proyectos fallidos, los usuarios siguen viajando sin las garantías de seguridad que la ley prometía.
Una Promesa Incumplida que Afecta a Todos
El EAT es la columna vertebral de la ley. En él deben registrarse los datos de millones de conductores, pasajeros y viajes para garantizar igualdad de condiciones frente al transporte tradicional, especialmente los taxis.
Pese a que el reglamento fue aprobado por Contraloría en enero de 2025 y estaba todo listo para que entrara en vigor en marzo, la falta de un registro operativo mantiene la ley en suspenso.
El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, había asegurado que estaría implementada en el primer semestre de 2025. Hoy, esa promesa no se cumplió y, a menos de seis meses del cambio de gobierno, el plazo se ve inalcanzable.
Fracaso Tras Fracaso
La historia de la implementación del registro es un catálogo de errores:
La primera licitación en marzo de 2024 fracasó porque el único oferente superó el presupuesto.
En mayo se abrió una segunda licitación con nueve postulantes, pero fue declarada desierta en julio.
Pese a ello, en agosto de 2024 el subsecretario Daza optó por un trato directo con Concordia Ediciones SpA, empresa de Edgardo Montecinos, con un contrato de 9.997 UF, luego ampliado en marzo de 2025 con otras 2.999 UF, alcanzando $513 millones.
Lo más grave es que el proyecto nunca se completó. Un funcionario del ministerio, bajo reserva de su identidad, lo resumió así:
“Nos dijeron que lo que se había hecho servía solo como ejemplo de cómo no se hacen las cosas”.
Un Equipo “Reciclado” y Dudas Éticas
El contrato con Concordia incluyó a seis profesionales de Catena Ingeniería, una empresa que había sido descartada en las licitaciones previas. Entre ellos estaba Jorge Valdés, dueño de Catena, quien se desempeñó como “líder técnico senior” del proyecto.
La contraparte técnica del ministerio fue Dennis Quezada, un hombre de confianza del subsecretario Daza, quien pasó de jefe de gabinete a liderar la División de Gestión, Tecnología y Procesos. La relación entre ambos y la decisión de contratar a un equipo ya desechado en licitaciones previas levantan serias preguntas sobre los criterios usados.
Más Tiempo, Más Dinero y Cero Resultados
Tras el fracaso, el MTT optó por volver a empezar. Este 1 de octubre, una nueva empresa —también contratada por trato directo— tomará las riendas del proyecto, pero fuentes internas reconocen que habrá que rehacer todo desde cero.
El nuevo contrato asciende a $800 millones, un monto superior al que ya se gastó en el intento fallido con Concordia.
El ministro Juan Carlos Muñoz, molesto por los resultados, habría tomado distancia de su subsecretario Daza, consciente de que la responsabilidad política por el retraso recae ahora sobre su propia cartera.
Una Deuda con los Usuarios del Transporte
Como dirigente de la Coordinadora Nacional de Usuarios del Transporte (CONAUT) y conductor de programas radiales de interés ciudadano en Radio Espacio Latino 106.5 FM, he seguido de cerca las luchas de los usuarios por un transporte más seguro, accesible y regulado.
Este caso no es solo un problema de tecnicismos informáticos:
Los conductores siguen sin certezas sobre los requisitos legales que deberán cumplir.
Los usuarios continúan viajando bajo un sistema desigual, sin que se garantice la seguridad que la ley prometía.
Se compromete la confianza pública en la capacidad del Estado para implementar normas que ya fueron aprobadas.
Es inaceptable que, a casi tres años de la promulgación de la ley, el país siga en un limbo normativo mientras se despilfarran recursos públicos.
Editorial: Falta de Gestión y Responsabilidad Política
El fracaso de este proyecto revela negligencia en la gestión pública. No basta con señalar al proveedor que no cumplió; es imperativo que las autoridades asuman su rol en la supervisión, control y transparencia del uso de recursos fiscales.
Más de $513 millones se esfumaron sin resultados y ahora otros $800 millones están en juego. Los ciudadanos merecemos explicaciones claras y acciones concretas para que este tipo de episodios no se repita.
El transporte de pasajeros no puede seguir rehén de la burocracia, los errores administrativos y los conflictos de interés. Chile necesita autoridades que pongan los derechos de los usuarios por sobre la inercia institucional y los intereses particulares.
Un Llamado a la Fiscalización
Desde este espacio, insto a la Contraloría General de la República y a las comisiones de Transportes y de Hacienda del Congreso Nacional a abrir investigaciones formales que permitan determinar responsabilidades administrativas, políticas y eventualmente penales en este caso.
No es aceptable que se repita la vieja historia de proyectos inconclusos, sobrecostos y plazos incumplidos mientras los chilenos seguimos esperando soluciones concretas.
El país necesita respuestas y acciones inmediatas. El tiempo de las promesas terminó; ahora corresponde exigir rendición de cuentas.
Este reportaje fue desarrollado con la asesoría y colaboración del abogado Ignacio Enrique Alarcón Benavides, reconocido por su experiencia en derecho público y su compromiso con la defensa de los derechos de los usuarios del transporte.
Columna de Opinión por: Manuel Bernales – Con la asesoría y colaboración del abogado Ignacio Enrique Alarcón Benavides.