Por unas fotografías no incluidas en la rendición de un proyecto deportivo, que fue recibida con una observación menor, la Municipalidad de Pudahuel inició una acción judicial, ingresada ante el 6º Juzgado Civil de Santiago bajo la causa Rol C-7376-2025, lo que se convirtió en una verdadera pesadilla para la dirigenta Lucía Moreno Delgado.
Pudahuel, Santiago de Chile, 5 de agosto de 2025. Lucía Moreno Delgado, presidenta del Club Deportivo Arenal Junior de Pudahuel, fue notificada en su casa por un receptor judicial. Enfrenta una demanda de la Municipalidad de Pudahuel por una supuesta falta en la rendición de un proyecto deportivo financiado en 2023. Sin embargo, la rendición fue entregada con todos los documentos exigidos, sellada y visada dentro del plazo legal. ¿El único “incumplimiento”? No haber enviado unas fotografías.
La acción judicial, ingresada ante el 6º Juzgado Civil de Santiago bajo la causa Rol C-7376-2025, se convirtió en una verdadera pesadilla para la dirigenta. “La impresión que me llevé fue tremenda al llegar un receptor judicial a notificarme en mi propia casa. Estoy sin trabajo, con licencia por un proceso de acoso laboral (Ley Karin), y me cae esta demanda encima. Ha sido devastador”, cuenta Lucía, quien afirma tener todas las facturas, boletas y respaldos bancarios en regla. El monto del proyecto asciende a $1.800.000, y la rendición fue recibida por el municipio el 27 de diciembre de 2023, dentro del plazo legal.
Solo faltaba el envío de unas fotografías de los implementos comprados: camisetas, balones, conos y otros artículos que aún están en poder del club. Sin embargo, ese detalle fue suficiente para que la Municipalidad decidiera judicializar el caso, señala la dirigenta.
“En la municipalidad me mostraron un documento que indica que todo está rendido y aprobado, salvo la falta de registro fotográfico, que está claramente señalado como una observación menor. Eso no justifica una demanda judicial”, aseguró Moreno.
Además, denunció la dirigenta que la dirección jurídica del municipio “no filtró ni revisó los casos. Simplemente tomaron el listado completo y demandaron a todas las organizaciones, sin leer los detalles”.
Lo más grave es que, según relata la dirigenta, nunca hubo un intento de contacto previo por parte del municipio. “Ni una llamada, ni un correo, ni una carta. Yo tengo toda la documentación: copias de lo entregado y timbrado, facturas, comprobantes bancarios, todo. El monto rendido está completamente respaldado por lo que entregué al municipio”
Sin recursos para contratar defensa, Moreno debió acudir a tribunales con el apoyo de un abogado que la representa de manera voluntaria. “Estoy con tratamiento psicológico. Este error de la municipalidad me empujó a un juicio sin razón. La abogada de jurídica me trató con desprecio. Me dijo que me las arreglara con mi abogado, como si esto fuera algo menor”, denunció.
Cansada y profundamente afectada, Lucía Moreno ya decidió dejar la vida de una dirigenta. “Este será mi último periodo. Ya no puedo más. Esta situación fue demasiado”, afirmó.
Junto a su abogado que me representa por su propia voluntad, evalúa presentar una contrademanda por los daños sufridos. “Este error no puede quedar impune. No se puede tratar así a quienes trabajamos de forma voluntaria por nuestra comunidad”, expresó.
El caso de Moreno no sería aislado. Según le informaron en la propia municipalidad, y conforme a un listado que pudo revisar personalmente, existen otras organizaciones en situaciones similares.
“Vi una lista con varias agrupaciones marcadas por observaciones menores. Esto fue una barrida administrativa sin criterio”, agregó.
Vecinas y vecinos de la comuna que saben de este caso y otros que serían similares coinciden en señalar que esto se debe investigar a los responsables de la municipalidad. Más allá del trámite legal, lo ocurrido pone en entredicho el trato institucional hacia quienes lideran organizaciones sociales con esfuerzo, compromiso y voluntario.
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