Los recientes y estremecedores hechos ocurridos en el Cementerio General, particularmente la profanación de tumbas, incluida la del expresidente Salvador Allende y la doctora Ernestina Pérez, no solo representan una grave vulneración legal y ética, sino que también abren un debate urgente sobre los límites del morbo, la exposición viral en redes sociales y la salud de nuestra convivencia como sociedad.
El caso de Diego Soto Montero, detenido y formalizado por estos delitos, ha sacudido al país, poniendo de relieve una serie de aspectos que merecen una reflexión profunda. Soto, actualmente en prisión preventiva, enfrenta una posible condena de hasta 11 años de cárcel. Más allá de un acto delictivo individual, su accionar es un reflejo de una tendencia preocupante: la banalización de lo inaceptable. La difusión de este tipo de hechos a través de plataformas digitales como una especie de “hazaña viral” nos muestra un nivel alarmante de desensibilización hacia los valores fundamentales de respeto, memoria y dignidad humana.
Lo que debería haber sido un acto de profunda repulsa ha sido grabado, editado y compartido por los mismos involucrados, haciendo eco de una cultura que, en muchos casos, prioriza la atención momentánea sobre el respeto por los demás. Es necesario preguntarnos: ¿Qué buscan quienes difunden actos tan aberrantes? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si los actos más viles se viralizan y se convierten en entretenimiento para algunos?
El Ministerio Público ha sido claro en rechazar la tesis de la enajenación mental, apuntando a que el imputado tenía plena conciencia de sus actos. La justicia, por tanto, deberá aplicar sanciones ejemplares. Pero más allá de la cuestión legal, este caso nos plantea un reto aún mayor: la responsabilidad de cada uno de nosotros como espectadores y ciudadanos. Si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho, también lo es la responsabilidad de no amplificar conductas destructivas que solo perpetúan la violencia, la intolerancia y el respeto superficial.
En este contexto, cabe reflexionar sobre el rol que juegan las plataformas digitales y los medios de comunicación. Los videos y contenidos virales se diseminan a una velocidad alarmante, y con ello, la posibilidad de que actos de este tipo sean banalizados o incluso celebrados. Es crucial que los medios, tanto tradicionales como digitales, asuman una postura ética frente a este tipo de situaciones. No basta con informar, es necesario promover un debate saludable sobre la línea entre la libertad de expresión y el daño social que pueden generar ciertos contenidos.
La muerte y los espacios que la resguardan deben mantenerse como territorios de respeto absoluto. En un país como Chile, marcado por duelos colectivos y un pasado que exige memoria, la protección de estos espacios es un imperativo. Este no es un llamado solo a las autoridades o a los responsables directos de estos actos, sino a la sociedad en su conjunto. Proteger la memoria histórica, cuidar nuestros monumentos y rendir homenaje a quienes ya no están, es una obligación que debe trascender los muros de los cementerios.
No se trata solo de custodiar mausoleos o tumbas; se trata de defender un principio civilizatorio básico: el respeto a los muertos, como una expresión del respeto a los vivos. Este caso, más que una condena a un individuo es un llamado urgente a fortalecer los valores que nos permiten convivir en una sociedad basada en el respeto mutuo.
Carlos Sazo, generalista de personas y psicólogo en Duoc UC Maipú, reflexiona sobre este hecho desde la perspectiva psicológica y social, comentando que “la viralización de actos como la profanación de tumbas no solo refleja la desensibilización de la violencia, sino también una crisis en el sentido de pertenencia y respeto hacia las instituciones que nos definen como sociedad. Los espacios simbólicos, como los cementerios, son claves para nuestra memoria colectiva, y cuando se vulneran, estamos atentando contra nuestra identidad y nuestra capacidad de convivencia pacífica. Es crucial que, como sociedad, reconsideremos qué tipo de valores queremos promover a través de los medios digitales y el consumo de contenido”.
El análisis de Sazo invita a pensar en cómo la constante exposición a contenidos violentos puede influir en las futuras generaciones y en cómo debemos actuar para proteger nuestra memoria colectiva y nuestros principios fundamentales como comunidad.
Por Valentina Jerez Selman (Periodista)