En comunas del Distrito 8 como Pudahuel, Maipú y Estación Central, el uso de fuegos artificiales ilegales ya no es solo un desorden: es una señal del avance del crimen organizado ante la pasividad de las autoridades.
Pudahuel, Santiago de Chile. 31 de mayo 2025. Durante las últimas semanas hemos visto nuevamente cómo distintas comunas del Distrito 8, entre ellas Pudahuel, Maipú y Estación Central, han sido testigos del uso y comercialización de fuegos artificiales ilegales, en muchos casos de forma abierta y reiterada.
Lejos de tratarse de un simple desorden o una “celebración descontrolada”, estos actos representan una amenaza directa a la seguridad pública. Y peor aún, muchas veces están asociados a bandas delictuales que operan territorialmente, utilizando estos explosivos como señales de alerta para coordinar movimientos ligados al narcotráfico o imponer presencia en ciertos barrios.
La fabricación y distribución de fuegos artificiales ilegales está tipificada como delito, y puede ser calificada como crimen organizado conforme a lo que establece el artículo 12 N° 3 y N° 23 del Código Penal, al ser ejecutada por asociaciones delictuales y generar alarma pública. Además, el artículo 17 de la misma norma permite sancionar no solo al autor material, sino también a cómplices y encubridores, algo que, lamentablemente, las autoridades no han querido aplicar con el rigor necesario.
Es un secreto a voces que en muchos sectores se sabe quiénes fabrican, almacenan y venden estos fuegos artificiales. Lo saben los vecinos, lo saben las policías, lo saben las autoridades. Sin embargo, la inacción ha sido la norma.
Y a esto se suma algo aún más grave: el recorte presupuestario que el gobierno actual ha aplicado al Ministerio Público, debilitando gravemente la capacidad de persecución penal en los territorios. Menos fiscales, menos recursos, menos investigaciones. Más impunidad.
Como expresidente de junta de vecinos en esta comuna y como abogado que hoy asesora jurídicamente a numerosas comunidades del sector, he visto cómo los vecinos organizados luchan día a día por una vida digna y segura. Pero sin un Estado que actúe con decisión, la delincuencia sigue avanzando.
¿Hasta cuándo vamos a permitirlo?
La seguridad no puede seguir siendo un discurso de campaña. Debe ser una política pública prioritaria, con respaldo legal, herramientas reales y voluntad política. No más excusas. No más privilegios para los delincuentes. No más abandono para quienes nos protegen y trabajan por su comunidad.
Pudahuel no necesita fuegos artificiales. Necesita justicia.
Por Ignacio Enrique Alarcón Benavides – Abogado – Profesor de Karate-Do – Vecino de Pudahuel y Actualmente asesora jurídicamente a diversas organizaciones sociales y comunitarias del Distrito 8.