Recientemente, el diputado Víctor Pino, integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan el delito de robo de medidores de agua potable, y también para quienes participen en la receptación de estos dispositivos. Este tipo de propuestas, muchas veces invisibilizadas por los grandes titulares, tienen un impacto real y directo en la vida cotidiana de nuestros vecinos.
El robo de medidores es un delito silencioso pero devastador. Quienes lo sufren no solo deben asumir el alto costo de reponer el dispositivo, sino que muchas veces quedan sin suministro de agua durante horas o incluso días, lo que afecta especialmente a familias con niños, adultos mayores o personas enfermas. Y esto no es algo que ocurra solo en grandes ciudades: también es una realidad permanente en sectores rurales.
En comunas como Pudahuel rural, donde aún existen pasajes sin pavimentar y viviendas que dependen de redes comunitarias o abastecimientos más vulnerables, este tipo de delitos tiene un efecto aún más profundo. Lo mismo ocurre en otras comunas del distrito 8 con zonas rurales activas, como Lampa, Tiltil, Colina, Quilicura y sectores de Maipú, donde la falta de vigilancia y la lejanía de los servicios básicos agrava la situación. En estos lugares, el robo de un medidor no solo es un problema económico, es también una emergencia sanitaria.
Desde mi experiencia como abogado, comunicador social y vecino, veo con preocupación cómo las soluciones para estas comunidades tardan en llegar. Por eso es tan valioso que desde Demócratas surjan iniciativas legislativas que no solo reaccionen ante los grandes conflictos, sino que también aborden los problemas reales que viven los chilenos y chilenas día a día.
Es evidente que necesitamos más representantes comprometidos con este enfoque en nuestro propio distrito 8. Diputados y diputadas que comprendan, recorran y escuchen al mundo rural, que muchas veces queda fuera de las políticas públicas y las respuestas legislativas. El ejemplo del diputado Pino demuestra que sí es posible legislar con los pies en la tierra, con atención a las verdaderas urgencias de la gente.
Hoy más que nunca, urge avanzar hacia una legislación que prevenga y sancione estos delitos, pero que además reconozca el derecho al agua como un derecho humano esencial, que debe ser protegido por el Estado.
Desde Pudahuel, y desde cada rincón de nuestro distrito que lucha por una vida más digna, respaldo esta propuesta. Pero también invito a que como sociedad sigamos exigiendo leyes que estén a la altura de nuestras necesidades y representantes que conozcan en profundidad la realidad de nuestros barrios, poblaciones y sectores rurales.
Por Ignacio Enrique Alarcón Benavides, abogado, comunicador social, profesor de Karate-Do y vecino de Pudahuel