Pudahuel, Santiago de Chile. 25 de abril 2025. Muchas veces escuchamos que un municipio adjudicó una licitación a una empresa con un historial oscuro: demandas laborales, incumplimientos previsionales o incluso querellas por delitos económicos en otras comunas. Lo insólito es que, aun sabiendo esto, concejales y concejalas votan a favor de estas empresas… o peor aún: ni siquiera investigan.
Esta situación plantea una pregunta de fondo:
¿Qué responsabilidad tienen los concejales que votan “a ciegas” en estos procesos?
¿Qué dice la ley?
Según la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, los concejales deben fiscalizar el correcto funcionamiento municipal, y una de sus facultades es aprobar contratos de importancia como las licitaciones públicas.
Votar sin conocer los antecedentes de las empresas no solo constituye un acto de irresponsabilidad, sino que puede derivar en:
Responsabilidad administrativa, perseguida por la Contraloría General de la República si se acredita negligencia grave o incumplimiento de deberes.
Responsabilidad civil, si se causa un daño patrimonial al municipio.
Responsabilidad penal, en casos extremos donde existan delitos como cohecho, negociación incompatible o tráfico de influencias.
Aquí, la ignorancia no exime de responsabilidad: los concejales tienen el deber de actuar con diligencia, cuidado y criterio técnico, más allá de sus simpatías políticas.
¿Cómo prevenir que esto ocurra? Solución concreta: bases de licitación más exigentes
Una herramienta fundamental para evitar adjudicaciones a empresas cuestionadas son las bases de licitación. Es en ese documento donde el municipio puede establecer:
Exclusiones específicas: prohibir la postulación de empresas que tengan litigios laborales vigentes, demandas por incumplimientos contractuales, o sanciones administrativas firmes.
Declaraciones juradas obligatorias: exigir que cada empresa declare su historial judicial y laboral.
Certificaciones de cumplimiento: requerir antecedentes de cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y tributarias.
Revisión de antecedentes judiciales: facultar a la comisión evaluadora para revisar bases de datos de causas laborales, civiles o penales antes de adjudicar.
Cuando las bases no contienen estas exigencias, dejan un amplio margen de discrecionalidad al momento de votar y adjudicar, aumentando los riesgos para la comunidad.
Más ética y técnica, menos política partidista
La votación de una licitación no puede depender del color político del alcalde o de las presiones de partidos. Los concejales deben actuar técnicamente informados, pensando en la calidad de los servicios y el bienestar de los vecinos, no en el interés de una empresa ni de su coalición política.
La comunidad tiene derecho a esperar que quienes la representan ejerzan su labor con seriedad, responsabilidad y compromiso ético.
¿Qué podemos hacer como ciudadanos?
Exigir que las bases de licitación sean públicas y estrictas.
Fiscalizar las votaciones en Concejo Municipal.
Denunciar ante Contraloría irregularidades en las adjudicaciones.
Recordar el historial de cada concejal a la hora de votar en las próximas elecciones.
Hoy más que nunca, necesitamos autoridades que no solo levanten la mano, sino que sean conscientes del peso que tiene su voto.
Porque cada licitación aprobada a ciegas no solo pone en riesgo el dinero de todos, sino que también pone en juego la confianza ciudadana en la democracia local.
Por: Ignacio Enrique Alarcón Benavides – Abogado – Profesor de Karate-Do – Comunicador Social – Vecino de Pudahuel