La reciente aprobación del proyecto de conexión vial entre las rutas 68 y 78, que atravesará las comunas de Maipú y Pudahuel, ha generado un profundo malestar entre los vecinos y autoridades locales. A pesar de las advertencias sobre su impacto ambiental, la fragmentación de barrios y la falta de medidas de mitigación, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región Metropolitana ha dado luz verde a una obra que prioriza la rentabilidad por sobre la calidad de vida de las comunidades afectadas.
Este proyecto, impulsado por la Sociedad Concesionaria Conexión Vial Ruta 78 – 68 S.A., contempla una autopista de tres pistas por sentido con una velocidad de hasta 120 km/h y una inversión de 259 millones de dólares. Su objetivo es mejorar la conectividad del sector poniente de Santiago, facilitando la salida hacia Viña del Mar, Valparaíso, Melipilla y Cartagena. Sin embargo, su impacto en el ecosistema y en la vida de los residentes ha sido minimizado o directamente ignorado.
Las municipalidades de Maipú y Pudahuel han manifestado su total rechazo al proyecto desde 2022, argumentando que la evaluación ambiental presentada es deficiente y no contempla los efectos negativos en la flora y fauna del río Mapocho y el Zanjón de la Aguada. Además, alertan sobre el aumento de microbasurales, la contaminación del aire, la interrupción de ciclovías y la falta de medidas concretas para mitigar estos impactos.
El silencio cómplice de los diputados del distrito 8
Ante esta situación, surge una pregunta inevitable: ¿Dónde están los diputados del distrito 8? Este distrito abarca no solo Maipú y Pudahuel, sino también otras comunas que podrían verse afectadas por decisiones similares. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los parlamentarios en ejercicio ha alzado la voz de manera contundente contra esta imposición, dejando en evidencia la falta de fiscalización y de compromiso real con los habitantes de sus territorios.
Es deber de los legisladores velar por el cumplimiento de las normativas ambientales, exigir estudios serios de impacto y garantizar que los proyectos de infraestructura respeten a las comunidades. No basta con aparecer en tiempos de elecciones con discursos populistas sobre la protección del medio ambiente si, cuando llega el momento de actuar, guardan un silencio ensordecedor.
La construcción de esta autopista es un ejemplo más de cómo las grandes concesionarias imponen su voluntad sin una real contraposición desde el Congreso, dejando a los municipios y a los vecinos en una lucha desigual contra intereses económicos que muchas veces no tienen un impacto positivo en la comunidad. ¿Acaso los diputados del distrito 8 están más preocupados por no incomodar a ciertos grupos de poder que por defender los intereses de quienes los eligieron?
Es hora de exigir rendición de cuentas
Los ciudadanos de Maipú y Pudahuel deben exigir a sus representantes en el Congreso una postura clara y acciones concretas. No basta con declaraciones genéricas o comunicados sin peso real: necesitamos proyectos de ley que regulen con mayor rigor estos proyectos, fiscalización efectiva y la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones.
Si los actuales parlamentarios del distrito 8 no están dispuestos a defender a sus comunas, entonces los electores deberán recordarlo en la próxima elección. Porque en política, el que calla, otorga. Y en este caso, el silencio de los diputados es cómplice del daño que se está permitiendo en Maipú y Pudahuel.
Por Ignacio Enrique Alarcón Benavides, abogado y comunicador social