La discusión sobre el sistema de pensiones en Chile no es nueva. Por años, se ha convertido en una de las principales demandas sociales de nuestro país, marcando tanto el debate público como las movilizaciones ciudadanas. Sin embargo, a pesar de la urgencia, los avances han sido limitados y los diagnósticos siguen siendo desalentadores.
El modelo de capitalización individual que ha predominado en Chile desde la década de los 80 ha mostrado falencias estructurales. Una gran mayoría de los pensionados recibe montos insuficientes para llevar una vida digna, resultado de factores como las lagunas previsionales, los bajos sueldos y las altas comisiones cobradas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
En este contexto, la propuesta de reforma presentada por el Gobierno busca un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad individual. Los pilares fundamentales incluyen el aumento de la cotización con cargo al empleador, la creación de un fondo común y una mayor supervisión de los recursos por parte del Estado. Sin embargo, estas medidas enfrentan críticas tanto desde el mundo político como empresarial.
Es evidente que, más allá de las diferencias ideológicas, debemos llegar a consensos este contexto, la propuesta de reforma presentada por el Gobierno busca un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad individual. Los pilares fundamentales incluyen el aumento de la cotización con cargo al empleador, la creación de un fondo común y una mayor supervisión de los recursos por parte del Estado. Sin embargo, estas medidas enfrentan críticas tanto desde el mundo político como empresarial.
Más allá de las diferencias ideológicas, debemos llegar a consensos que prioricen a las personas. Como abogada, considero que un sistema mixto que combine la capitalización individual con un pilar solidario es el camino más viable. Esto permitiría mejorar las pensiones actuales sin comprometer la sostenibilidad del sistema.
Además, se debe garantizar una administración eficiente de los recursos. El foco no solo debe estar en la rentabilidad, sino también en la seguridad y transparencia de los fondos. Por ello, es clave que cualquier reforma considere robustos mecanismos de fiscalización para evitar irregularidades o malas prácticas.
Finalmente, es fundamental involucrar a la ciudadanía en este debate. Las pensiones no son solo un tema técnico; afectan directamente la calidad de vida de millones de chilenos. Necesitamos un sistema que no solo sea sostenible, sino también justo y empático con las realidades de las personas mayores.
Hoy más que nunca, urge que el Congreso, el Ejecutivo y la sociedad civil trabajen en conjunto para transformar el sistema de pensiones en una herramienta que garantice una vejez digna para todos. Porque las reformas no pueden seguir postergándose.
Por María Eugenia Pérez Aravena, abogada experta en Derecho Económico y Financiero