La obligatoriedad del examen antidrogas para el Presidente de la república, ministros y subsecretarios avanza, pese a la oposición del Gobierno. Vecinos de Pudahuel y Cerro Navia, coinciden que también debería extenderse de forma obligatoria a otras autoridades locales.
Pudahuel, Santiago de Chile. 19 de noviembre de 2024. Hoy el Senado aprobó mantener la indicación de la Cámara de Diputados que exige al Presidente de la República, ministros y subsecretarios someterse a un test de detección de consumo de sustancias ilegales, como estupefacientes o psicotrópicos, en el contexto de la discusión del Presupuesto 2025. La propuesta del Ejecutivo para eliminar esta disposición fue rechazada con 12 votos a favor, 27 en contra y 2 abstenciones, consolidando una medida que ha generado tanto respaldo como controversia.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, defendió la postura del Gobierno, señalando que ya existe una regulación aplicable a los servicios públicos y poderes del Estado.
“No nos parece que una materia de esta naturaleza deba ser regulada por una ley permanente. Es fundamental que se defina claramente cómo se realiza este examen, quién lo ejecuta y cuáles son sus efectos. En la actualidad, el reglamento vigente ya establece estos parámetros, incluyendo el tratamiento reservado de la información y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento”, explicó Elizalde.
En la misma línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó una reserva de constitucionalidad argumentando que esta indicación no tiene una relación directa con la ejecución del Presupuesto Nacional, lo que podría generar conflictos legales en su implementación.
El gobierno aún tiene dos opciones para rechazar esta medida. La primera es enviar un veto supresivo, que necesita un tercio de los votos en una cámara. La segunda es recurrir al Tribunal Constitucional, alegando vicios de legalidad, ya que la norma impone una obligación de gasto público y se aparta de los principios fundamentales de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, esto podría interpretarse como una negativa a someterse a un examen de drogas en un país profundamente afectado por este problema.
La voz de los ciudadanos
Más allá del debate legislativo, la medida ha generado interés entre ciudadanos. Vecinos de Pudahuel y Cerro Navia, consultados por Diario Tropezón, valoraron la iniciativa y como una medida de transparencia se pueda ampliarse a otras autoridades locales, como alcaldes, concejales y dirigentes sociales.
“Es importante que todas las autoridades que tienen contacto directo con las comunidades sean transparentes. Si el que nada hace, nada teme, ¿por qué oponerse a un test de drogas?”, planteó Juan Carlos Donoso, vecino de Cerro Navia.
También los consultados coincidieron en que la creciente influencia de carteles de droga en instituciones públicas, hace urgente implementar controles más estrictos para prevenir la corrupción y garantizar la confianza ciudadana.
Ejemplo local: Pudahuel se adelanta
En el marco de esta discusión, dos concejales de Pudahuel, Gisela Vila y Patricio Cisternas, habían decidido previamente someterse voluntariamente a un test de drogas en agosto de 2022, según informó Diario Tropezón. Su acción buscó reflejar un compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública. Ambos concejales concluirán su período en el concejo municipal el 6 de diciembre de 2024.
Una medida en el centro de la polémica
La aprobación del test antidroga refleja la creciente demanda de la ciudadanía por mayor control y transparencia en el ejercicio del poder. Sin embargo, la medida también enfrenta críticas por su pertinencia jurídica y por los desafíos que plantea su aplicación efectiva.
En un país donde la confianza en las instituciones está en niveles bajos, la pregunta que queda abierta es si este tipo de iniciativas logrará responder a las expectativas ciudadanas o si, por el contrario, terminará generando nuevos focos de conflicto.
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