Pudahuel, Santiago de Chile. 25 de noviembre 2024. El reciente caso Monsalve ha generado un terremoto político y ético, poniendo en jaque la confianza ciudadana en nuestras instituciones. No podemos ignorar que nuestra Constitución Política de la República consagra el principio de inocencia como un derecho fundamental, y que ningún juicio debe ser emitido sin antes garantizar un debido proceso. Sin embargo, cuando las acciones de un gobierno dan señales de encubrimiento o manejo político de la información, se siembra la duda y se erosiona la credibilidad pública.
El Distrito 8, al cual pertenezco como vecino de Pudahuel, está formado por las comunas de Quilicura, Colina, Lampa, Tiltil, Pudahuel, Cerro Navia, Renca y Maipú. Somos ciudadanos que exigimos verdad y transparencia, pero también respeto a nuestras leyes y principios. Es aquí donde el liderazgo debe demostrar firmeza y coherencia entre el discurso y las acciones.
El manejo de este caso pone sobre la mesa preguntas que no pueden ser ignoradas: ¿Hubo un intento de ocultar información? ¿Se protegió a alguien en desmedro de los valores de transparencia y justicia que se han prometido al país?
Como abogado, entiendo la importancia de garantizar los derechos de todas las partes involucradas, pero también sé que la ética pública no puede ni debe estar subordinada a intereses políticos. Es momento de hablar con claridad, asumir responsabilidades y devolverle a la ciudadanía la confianza que merece.
Por: Ignacio Enrique Alarcón Benavides – Abogado y vecino de Pudahuel, Distrito 8 – Columna de opinión
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