En julio de 2024, las empresas encargadas de la generación y distribución de electricidad en Chile anunciaron un aumento en las tarifas eléctricas para los hogares, basado en un decreto tarifario acordado entre el gobierno y las empresas eléctricas. Este ajuste prevé incrementos en las cuentas de entre un 30% este año y un 50% el próximo año.
Mientras este modelo parecía funcionar adecuadamente para las empresas, el reciente frente atmosférico, con lluvias intensas y vientos de hasta 120 km/h, reveló que estas empresas no estaban tan preparadas como se pensaba. Las cuadrillas de reposición y reparación eran externas, y no se había realizado mantenimiento adecuado del arbolado ni del cableado acumulado en los postes, contrariamente a lo estipulado por la Ley “Chao Cables” de 2019 (Ley 21172).
En resumen, no se realizó el mantenimiento del postado, cableado y arbolado, ni se fiscalizó el cumplimiento de los contratos de mantenimiento que los municipios deben pagar mensualmente por el alumbrado público. Este incumplimiento por parte de algunos municipios es extraño y cuestiona la efectividad del modelo de libre mercado en este contexto.
La situación se complica con la falta de garantías para los derechos de los consumidores en el sistema eléctrico privado. Los municipios han limitado sus acciones a “farandulescas” demandas colectivas que no han beneficiado a los consumidores afectados por cortes de suministro eléctrico no programados. A menudo, estos cortes se anuncian sin proporcionar información clara sobre su resolución.
El gobierno y el ministro responsable han anunciado medidas y fiscalizaciones para garantizar la distribución adecuada de la electricidad, pero quizás ya sea demasiado tarde, con muchas comunas y sectores residenciales sin electricidad durante días sin una solución pronta.
Quizás sea el momento de considerar un modelo de administración mixto para servicios básicos como electricidad, agua, gas y telefonía. La participación estatal en la propiedad de estos servicios podría asegurar una entrega más adecuada y efectiva a la población, dado que el sector privado ha demostrado una vez más su falta de capacidad para gestionar estos servicios de manera eficiente.
En crisis de servicios básicos, las administraciones municipales también han mostrado deficiencias, sin fiscalizar adecuadamente los contratos con las empresas de distribución eléctrica y sin contar con equipos preparados para enfrentar desastres climáticos. A pesar de que se conocía la llegada de estos eventos con anticipación, no se implementaron políticas adecuadas de poda y mantenimiento.
Hoy, las comunidades, sin distinción de barrio o estrato social, sufren las consecuencias de un servicio mal administrado por empresas privadas y transnacionales. Es hora de reconsiderar la participación del Estado en la gestión de servicios básicos para garantizar su efectividad y la protección de los derechos de los consumidores.
Por: Walter González Miranda – Vicepresidente – Consejo de la Sociedad Civil de Pudahuel
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