El concejal Patricio Cisternas y el Diputado Rubén Oyarzo, presentaron ante la Contraloría General de la Republica (CGR), solicitud que cuestionan la legalidad de un proceso de concurso público para designar al Director del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Pudahuel Poniente. Alegan posibles conflictos de interés y violaciones al principio de probidad en la selección de la candidata ganadora.
Pudahuel, Santiago de Chile. 14 de agosto 2023. Rubén Darío Oyarzo Figueroa, diputado de la República, y Patricio Iván Cisternas Monreal, concejal de la comuna de Pudahuel, ha presentado una solicitud ante la Contraloría General de la República. En esta solicitud, piden un pronunciamiento sobre la legalidad del proceso de selección para el cargo de Director del Cesfam Pudahuel Poniente, llevado a cabo por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel (CODEP).
La solicitud se basa en posibles conflictos de interés y violaciones al principio de probidad en el proceso de selección. Alegan que la candidata que resultó elegida como Directora del Cesfam, Natalia Pérez Núñez, tiene vínculos matrimoniales con un funcionario de la CODEP, Oscar Roberto Guerrero Mallea, quien además ha experimentado un aumento significativo en su salario en un corto período de tiempo.
Según los solicitantes, la candidata ganadora del concurso obtuvo la mejor evaluación, superando a los demás candidatos por un amplio margen. Sin embargo, cuestionan la imparcialidad del proceso, ya que señalan la cercanía entre la Directora de Salud de la CODEP, Tamara Ahumada, y la candidata electa.
La solicitud también pone en tela de juicio si se ha cumplido con la normativa y los principios de probidad en la selección de personal en el ámbito de las corporaciones municipales, que cumplen funciones esenciales en áreas como educación y salud.
La solicitud ante la CGR, busca clarificar si el proceso de selección de la Directora del Cesfam Pudahuel Poniente se ajustó a la legalidad y si se han observado los principios de probidad y transparencia en el mismo. Se cuestiona la posibilidad de conflicto de interés y la imparcialidad en la toma de decisiones, y se espera que la Contraloría determine si se han infringido normativas y si es necesario tomar medidas disciplinarias.
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