

La para de actividad cuenta con el respaldo de apoderados y alumnos, quienes consideran que las demandas son justas.
Dos días se cumplen desde el comienzo de la huelga legal que han decidido llevar a cabo los profesores del Sindicato n°2 del Colegio San Damián de Molokai, tras varias conversaciones que tuvieron nulas respuestas de la Fundación Belén Educa.
La Fundación Belén Educa (FBE) asumió la responsabilidad de la Corporación Molokai a finales de 2012, pero los trabajadores señalan que han tenido un trato desigual con su escuela en particular, debido a las amplias diferencias en las remuneraciones de quienes ejercen labores dentro del recinto escolar. El problema parte debido a que los tres colegios que componen la Corporación Molokai, bajo la administración de FBE, tienen presupuestos diferentes entre sí.
“A nosotros se nos pide que trabajemos para Bélen Educa, pero no se nos asignan los mismos montos de bonos. Cuando nos juntamos con compañeros de otros colegios conversamos, y por ejemplo, algunos dicen que les pagan 80 mil pesos y a nosotros ese mismo pago es de 40 mil pesos. Hay una diferencia significativa entre los colegios (…) No puede haber profesores de primera y segunda categoría” señala Beatriz Valenzuela, dirigente de Sindicato n°2 del Colegio San Damián de Molokai.
El sindicato ha mantenido mesas de trabajo junto a José Manuel del Río, quien representa Belén Educa, pero no han tenido buenas resoluciones, ya que aseguran que existe poca disposición, por qué ha negado las propuestas entregadas por los profesores.
“No hemos llegado a acuerdos, hoy nos ofrecieron la reasignación de montos de un lado para otro. Decidimos continuar la huelga porque los profesores jefes tenían un bono por asistencia y otro por las entrevistas de alumnos y apoderados. Lo que hicieron, fue eliminar esa tabla y asignar un monto fijo, están haciendo eso dentro del mismo valor de los bonos. Además, nuestro sueldo no puede depender de la asistencia estudiantil, sobre todo después de la pandemia”, mencionó Beatriz.
La huelga ha recibido apoyo por los apoderados y estudiantes del colegio, ya que consideran que es una lucha justa por parte de los profesores. Y además siguen en la búsqueda de una resolución adecuada, que se ajuste a las necesidades del profesorado a través de la asistencia jurídica.

