Al mediodía de ayer las autoridades involucradas en la acusación por “notable abandono de deberes” llevada acabo por la concejala Gisela Vila, se pronunciaron y defendieron diciendo que esta situación los enfrascó “en un proceso judicial que pudo haberse evitado con la revisión que le compete a Contraloría”.
Por Benjamin Vidal
Sigue la situación el la municipalidad de Pudahuel respecto a la admisión por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) al requerimiento realizado por la concejala Gisela Vila (UDI) por supuesto “notable abandono de deberes”, ya que acusa que la nueva planta de personal municipal que se aprobó el año pasado por la mayoría del consejo carece del financiamiento necesario.
Esta vez fue la respuesta de las demás autoridades municipales, quienes se encuentran involucrados en el requerimiento que busca que se destituya al alcalde Ítalo Bravo y a ocho concejales. Pues, al mediodía de ayer realizaron una declaración pública en la que expresaron que “existe un amplio consenso social y político de actualizar, modernizar y ampliar la planta municipal de Pudahuel, vigente desde el año 1994, por una planta que permita satisfacer las necesidades de gestión, fiscalización e innovación que el Pudahuel del siglo XXI requiere”, dice la declaración.
Esta misma, que se titula “la UDI busca destituir a la alcaldía popular”, fue firmada por las y los concejales Cinthya Muñoz, Javiera Soto, Cristian Veliz, Carolina Seguel, Esteban Sepúlveda, José Escobar, Sandy Muñoz y Alda Magaña.
En la propuesta de la nueva planta municipal, “se agregaron 106 nuevas plazas funcionarias, las que permitirían cumplir el cometido municipal de una manera más eficiente y eficaz, lo que se expresa, por ejemplo, en la creación de una Dirección de Inspección, una Dirección de Operaciones, una Dirección de Medio Ambiente y una Dirección de Gestión del Riesgo, entre otras fórmulas”.
Según la declaración del alcalde y los ocho concejales, con esta acusación por parte de la concejala UDI, “nos enfrascó en un proceso judicial que pudo haberse evitado con la revisión que le compete a Contraloría. Por razones alejadas de la rigurosidad legal o presupuestaria, la UDI nos tuvo cinco meses discutiendo la admisibilidad de su denuncia, cuestión que en primer momento el TER desestimó pero que finalmente el TRICEL tuvo por admisible ya que, en rigor, no quiso negar la posibilidad de que la concejala ejerciera su labor fiscalizadora, cuestión que como hemos dicho, pudo haberse resuelto en Contraloría si acaso era su verdadero afán”, explican.
Finalmente aseguraron que “quienes firman sostenemos que no hay argumento jurídico ni presupuestario que haga sostenible la acusación, sino solo el afán político de enlodar la gestión, retrasando los cambios y evitando la modernización del municipio”, cerró.
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