Reportaje: Toma “17 de Mayo” en Cerro Navia arriesga ser desalojada ya que terreno pertenece a empresa privada

Reportaje: Toma “17 de Mayo” en Cerro Navia arriesga ser desalojada ya que terreno pertenece a empresa privada

Son cerca de 81 mil familias las que viven en campamentos y tomas de terreno en Chile, cantidad que creció durante la pandemia y que sigue aumentando con los altos costos de los arriendos y las dificultades para acceder a la vivienda.
 
Por Benjamín Vidal

Cerro Navia, Santiago de Chile, 27 de abril 2022. Si bien se trata de una enfermedad que ya existía, se intensificó y se propagó como una pandemia peor que la del Coronavirus: Se trata de la pobreza.

Las largas cuarentenas -que realmente no se vivieron eficientemente en las comunas vulneradas- significaron pérdidas de empleo, donde incluso se hicieron leyes como la “Ley de Protección al Empleo” en la que suspendieron a miles de trabajadores que tuvieron que utilizar sus ahorros de seguro de cesantía, situación que fue paliada con los retiros del 10% de las AFP, dinero que ayudó a las familias a sobrevivir a la crisis, pero gastando su dinero para su futura jubilación.

Sin embargo, posterior a los momentos más álgidos de la pandemia, se han vivido situaciones que no dejan al margen a ninguna de las familias trabajadoras del país -y del mundo-. Se trata de la situación internacional de inflación arrastrada principalmente  por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha provocado una crisis respecto a los alimentos, algo que se ha sentido en los bolsillos de las personas, por el hecho de que los productos básicos -como el pan y el aceite, por ejemplo- se encuentran a precios más caros de lo común, mientras que los sueldos aún no suben.

En este marco es que también una de las grandes problemáticas de las familias chilenas ha sido el acceso a la vivienda, ya que a muchas no les está alcanzando el dinero para poder pagar un arriendo y mucho menos para ahorrar para el anhelado sueño de la casa propia, el que cada vez se vuelve más lejano con la situación actual. Esta situación se vive de cerca en nuestras comunas, como lo son Pudahuel y Cerro Navia.

Así es como han estado creciendo los campamentos en todo Chile, igual que en el siglo pasado, donde muchas poblaciones surgieron de tomas de terreno, como la San Gregorio en La Granja o la José María Caro en Lo Espejo; lo mismo en poblaciones que comprenden el sector de Barrancas.

Según una investigación de La Tercera, en más de un tercio de los 345 municipios de Chile existen campamentos y muchas familias han utilizado el 10% de sus ahorros de pensiones para construir casas, esta vez con material de concreto, es decir, que ya no son mediaguas como se conocían anteriormente.

Es debido a este déficit habitacional relacionado directamente con los costos de arriendo inalcanzables, situación agudizada por la pandemia, que son cerca de 81 mil familias las que se encuentran viviendo actualmente en tomas de terreno y campamentos. Es decir, Chile retrocedió 25 años en lo que respecta a derechos habitacionales, ya que, al 2021 la cantidad de familias que se vieron obligadas a vivir en una toma aumentó en un 73%, mientras que los terrenos ocupados han crecido en un 20%.

Una de estas tomas, por ejemplo, es la llamada “Nuevo Amanecer” en Cerrillos, la que surgió hace un año y medio y se convirtió en la más grande de la Región Metropolitana. En este campamento viven entre 9 y 10 mil personas (en su mayoría migrantes que llevan años en Chile, pero que no pudieron seguir pagando sus arriendos, por lo que utilizaron los retiros de pensiones para construir una vivienda) en un terreno de 20 hectáreas.

 “La 17 de Mayo” en Cerro Navia

Asimismo, con un terreno de 11 hectáreas en donde viven 180 familias, surgió hace casi 3 años, el 17 de mayo de 2019 (antes del estallido social, donde una de las demandas motoras también fue el acceso a la vivienda digna) la toma que lleva esta fecha por su nombre en la comuna de Cerro Navia y que hoy enfrenta un conflicto por el terreno con una empresa privada.

Como constató un reportaje de Tele 13, resulta que el terreno, en donde las familias ya cuentan con sistemas eléctricos y de agua potable, es parte del plan de construcción del “Parque Industrial Cerro Navia Verde”, por lo que los propietarios legales buscan que se desaloje para poder ocuparlo, y ya han formalizado a 13 personas por delitos de “usurpación”.

Sin embargo, las familias se niegan rotundamente a retirarse del lugar, ya que han podido construir una comunidad con casas mejores que las que tenían que arrendar por una cantidad excesiva de dinero, en donde pueden criar a sus hijos y que tengan privacidad con piezas separadas, etc.

Incluso han llegado a apelar a las promesas del Presidente Gabriel Boric, ya que una de las voceras de la toma, Tatiana Martínez, entregó una carta al mandatario, el que le recomendó que fuera enviada al Ministerio de Vivienda, encabezado por Carlos Montes (del Partido Socialista). La promesa la hizo el Presidente durante uno de los debates televisados, en el que aseguró que en caso de desalojos en terrenos privados, habría que hacerlo pero habiendo conversado con los habitantes del terreno y teniendo una solución habitacional asegurada.

Sin embargo, los habitantes de “la 17 de Mayo” aseguran que han buscado soluciones, por ejemplo, están dispuestos a que cada familia pague $1 millón para poder comprar el terreno, lo que significaría una suma de $180 millones, ya que se niegan a ser cambiados a departamentos pequeños, como indicó una de las voceras, Soledad, “una dignidad de 58 metros no nos sirve”. Sin embargo la empresa, representada por el abogado José Morales, dice que no existe la posibilidad de aceptar ese trato por varias razones, una de ellas es que el proyecto tiene un costo mucho mayor, de $5 mil millones.

Ante esta situación también habló el Alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quien dijo que ya informó a los habitantes de la toma que no pueden tener viviendas en ese lugar.

Una situación que amerita solucionarse

Muchas autoridades se encuentran buscando soluciones al respecto, en un debate que es complejo, pues se entrecruzan el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada.

Lo mismo con los proyectos presentados en la Convención Constitucional, la que hace tan solo una semana aprobó el derecho a la “vivienda digna”, en el que respalda que “el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno del derecho a vivienda”. Entre ellas se enumeran la “habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley”, derecho que no está consagrado en la Constitución vigente.

Sin embargo, como aseguró Matilde Alvear, la abogada de la toma, en el mismo reportaje de Tele 13, este derecho sí se encuentra consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile, como lo es el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) de la ONU., que dice que toda persona “tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.