En dictadura el suelo, la vivienda, los equipamientos urbanos y servicios sociales, el transporte público… En fin, la ciudad en su conjunto dejó de ser considerada un derecho social para ser entendida como una mercancía a la que se accede vía compra en el mercado. La Constitución de 1980 institucionalizó este cambio en favor de las grandes empresas privadas y en contra de los intereses del pueblo. En paralelo, Pinochet expulsó por la fuerza a miles de familias populares de las comunas de ingresos altos, a través de un masivo programa de erradicaciones. De esta forma, la ciudad se convirtió en un privilegio de las “tres comunas” de altos ingresos.
Los gobiernos de la transición, ex Concertación y Derecha, no solo no revirtieron este modelo, sino que lo profundizaron. Las cifras actuales son elocuentes. El presupuesto per cápita de Vitacura es de 1.046.933, mientras que el de Puente Alto alcanza solo los 128.726 pesos. El acceso inmediato a áreas verdes de los vecinos en Vitacura es de 74%, mientras que en La Pintana es de solo 19%. Las mujeres que nacen en las comunas de altos ingresos de la capital, como Vitacura, llegan a vivir 18 años más en promedio que las nacidas en las comunas de ingresos bajos.
Poner fin a este proceso de exclusión significa democratizar la ciudad, un primer paso será establecer el derecho a la ciudad en la nueva Constitución. Esto significa que la ciudadanía tendrá derecho a:
- Participar en las decisiones fundamentales que afectan el desarrollo urbano de su barrio, ciudad y país.
- Participar a través de organismos estatales, sociales y ciudadanos en la propiedad de los medios de producción de la ciudad, como lo es el suelo urbano y las empresas de construcción, es decir, se deberá desmercantizar el suelo y parte de los medios de producción de la ciudad.
- Participar del bienestar que produce la ciudad (la vida buena), esto es, tener acceso a servicios básicos, internet, transporte público, parques y áreas verdes, espacios seguros para la recreación, el deporte, el paseo familiar y el juego…
El estándar de estos espacios, servicios y equipamientos debe ser de calidad, es decir, garantizar la dignidad de las personas, familias, vecinos y ciudadanos (del pueblo).
Esta redistribución del poder político y económico vía ciudad permitirá mejorar los estándares de vida de las grandes mayorías. El financiamiento para este tipo de desarrollo urbano puede emanar de un impuesto a las grandes riquezas, impuestos específicos a la industria de la construcción de vivienda, urbanización y obras públicas, y de un fondo municipal común solidario. El Estado podrá aportar directamente a través de (la creación) de una empresa nacional de construcción.
Para comenzar a hacer realidad este proyecto democratizador se requiere del apoyo electoral de la ciudadanía este 11 de abril de 2021. Solo con la fuerza del pueblo en la urna y la calle podremos concretar estos cambios que tanto necesita el país.
Doris González
Candidata constituyente por Distrito 8