Arrendaban una habitación en la vivienda afectada y perdieron todas sus pertenencias. Además, debido a la falta de contrato, quedaron sin ayuda por parte de las autoridades.
Pudahuel, 28 de julio de 2020, Santiago de Chile. Durante la madrugada del pasado domingo, un incendio afectó a una casa ubicada entre Federico Errázuriz con Calama en donde vivían tres personas que arrendaban piezas. De acuerdo al testimonio de Mauricio Martínez (36), quien llevaba 2 años compartiendo una habitación con su hermano Francisco Guerrero (32), el lugar tenía evidentes problemas de electricidad que venían advirtiendo desde hace un tiempo, sin obtener respuesta de la dueña del inmueble.
“La pieza estaba forrada con cartón, la electricidad era como puros cables de parlante y a la vista, incluso algunos pelados. Llevaba más de dos semanas pidiéndole a la señora un cambio de pieza”, relata el afectado.
Uno de los temas que el contexto de pandemia ha sacado a flote ha sido la falta de vivienda digna, en donde las personas y familias puedan desarrollarse con una mínima calidad de vida garantizada. Durante el 2019, la Cámara Chilena de la Construcción etiquetó los precios de las viviendas como “severamente inalcanzables” y en más de una oportunidad se ha hablado de la falta de regulación que existe en este rubro.
Justamente, en ese sentido, los vecinos nunca contaron con un contrato formal o recibos de lo que pagaban, al igual que muchas personas que se ven obligados a aceptar ese tipo de condiciones por su situación socioeconómica.
De acuerdo con los últimos datos del Centro de Investigación Social de Techo, en Chile el 50% de los arriendos de habitación carecen de contrato, un 82% tiene baño compartido y un 56% mantiene una mala instalación eléctrica.
Además, en la mayoría de los casos, la irregularidad de la situación viene de la mano con la irresponsabilidad de quienes arriendan, quienes suelen desentenderse de los problemas relacionados a mantenciones básicas, incluyendo condiciones sanitarias.
En un coloquio que llevó a cabo el Colegio de Arquitectos a mediados de 2018, se reconoció que “no hay judicialización del derecho a una vivienda adecuada. Las víctimas de violaciones de este derecho humano, afectadas principalmente por los incendios y los desalojos, no tienen instancia a la cual recurrir.
Según cuentan los afectados, cuando ocurrió el siniestro, la dueña nunca comentó a las autoridades que arrendaba las piezas de la casa, e incluso dijo que quien vivía ahí era su madre, una señora de avanzada edad.
“Cuando llegó emergencias, ella dijo que ahí vivía una abuelita de 90 años, lo que nunca ha sido verdad. Dijo que todo lo que se perdió era de ella y de la señora, cuando que fuimos nosotros los que perdimos todo, ¿quién responde por nosotros?”, reclama Mauricio.
A pesar de que Chile ratifica en tratados internacionales que reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”, no existe texto explícito en la actual Constitución que asegure tal derecho, y aunque hay un proyecto de reforma constitucional en el Senado (Boletín 13258-07), no ha sufrido movimiento desde que ingresó a comisión en marzo de este año.
Mientras tanto, Mauricio y Francisco continúan en necesidad de un nuevo hogar y elementos esenciales, ya que prácticamente quedaron con lo puesto. Desde la municipalidad solo han recibido una caja de alimentos, lo que claramente no es suficiente.
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