Molestia en centenares de personas debido a que la municipalidad invierto tiempo, recursos públicos y sueños de vecinos a quienes invitaron en su momento a ser parte del estudio del “Plan Maestro del Parque Lo Prado”.
Pudahuel, Santiago de Chile, 16 de agosto 2019. Después de varios meses de lucha, finalmente fue rechazado por sentencia judicial de la Corte de Apelaciones, el recurso de reclamación deducido por la Inmobiliaria “Travesía SpA”, que demandó la ilegalidad administrativa por parte del municipio de Pudahuel por la caducidad del permiso de edificación N° 221/15, otorgado al reclamante el 19 de agosto de año 2015 que le permitía la construcción de dos edificios de 15 pisos en lo que se sería el Condominio “Travesía II”, ubicado en el lote N° 5, de la Avenida Claudio Arrúa N° 8671.
Si bien el camino recorrido por la agrupación social con personalidad jurídica “Pudahuel Despierta “no fue fácil, sobre todo para los dirigentes sociales y autoridad, Alejandro Cantillana y Lavinia Reyes, quienes, junto a otras personas que integran la organización, crearon conciencia para el compromiso con el medio ambiente y el cuidado de los puntos verdes de la comuna.
También hay molestia en centenares de personas debido a que la municipalidad invirtió tiempo de vecinos y recursos públicos en un terreno privado que era parte del “Plan Maestro del Parque Lo Prado”, donde se invitó a vecinos a participar, diseñar y soñar como seria este espacio de área verde de la comuna, que a posterior nada de aquello se realizó, sino más bien, los arboles allí existente, fueron destruidos e iniciándose excavaciones.
Por último, la agrupación Pudahuel Despierta, ingresó documento a través de la oficina de partes de la municipalidad de Pudahuel, dirigida al alcalde Johnny Carrasco, solicitándole acciones concretas para subsanar la ilegalidad de permisos mal otorgado y la expropiación de estos terrenos. Así mismo solicitaron mediante documento oficiales, al Seremi de Vivienda y Urbanismo, en donde se solita hacerse cargo de las responsabilidades administrativas de los entes fiscalizadores del estado que debieron haber resguardado el interés público en relación a terreno que conforman el futuro del parque Lo Prado y El Tranque.
