La incorporación de loteos irregulares en la ley N° 20.234 y el requisito de contar con un certificado de informaciones previo a la solicitud de regularización son algunos temas que han generado discrepancias.
Elegir presidente y organizar la forma de trabajo serán los objetivos que tendrán los integrantes de la Comisión Mixta relacionada con el proyecto que regulariza la pequeña propiedad raíz, la que se constituirá el próximo 6 de marzo.
La instancia busca resolver las discrepancias que surgieron entre senadores y diputados al debatir la norma que modifica el decreto ley N° 2.695 de 1979, para resguardar derechos de terceros en relación a la regularización de la pequeña propiedad raíz.
Cabe recordar que el texto tuvo su origen en una moción de los senadores Lily Pérez San Martin, Manuel José Ossandón y Eugenio Tuma. Su objetivo es establecer los resguardos necesarios para evitar que, quienes tienen legítimos derechos respecto de un inmueble, los pierdan como consecuencia de la aplicación del procedimiento sobre saneamiento de la pequeña propiedad raíz, cuando el requisito de poseedor regular de la propiedad se ha obtenido en forma fraudulenta.
DISCREPANCIAS
Esta nueva Comisión Mixta deberá analizar los aspectos que generaron diferencias entre el Senado y la Cámara Baja. El principal nudo dice relación con los loteos irregulares y su incorporación a la ley N° 20.234 (aquella que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos).
Asimismo, los diputados incorporaron una norma que añade la exigencia de acompañar un certificado de informaciones previas a la solicitud de regularización, cuando se trate de predios ubicados en áreas urbanas.
A juicio de Senado y las ministras sectoriales dicho antecedente no se justificaría, pues se relaciona con aspectos de la construcción y lo que se intenta normalizar es la propiedad. Además, este nuevo requisito significaría un mayor desembolso para las familias y alargar el procedimiento en al menos un mes.
Otro tema en debate son los plazos para que los poseedores de inmuebles inscritos no puedan gravarlos. La Cámara propuso un año y el Senado lo aumentó a cinco.
Una vez que los legisladores aúnen un texto, el informe respectivo deberá ser analizado por la Sala del Senado y luego, de la Cámara Baja. De ser respaldado, la norma se transformaría en ley.
Fecha de publicación. 05 de marzo 2018.
Fuente: http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20180227/pags/20180227130257.html
