Chile es un país que para muchos es una especie de “edén financiero”, donde se goza de cierto margen de buen vivir, sin embargo, es la mejor cara de una nación entregada a los vaivenes de un modelo socioeconómico neoliberal. La otra cara, la que no vemos en las portadas de revistas o diarios es la que esta sumisa o está despertando del sueño post dictadura, donde las garantías en seguridad social también se encuentran capturadas en el edén financiero. Por lo tanto, esta suerte de mercantilización de los derechos está produciendo una asimetría ideológica entre lo que se vende y lo que el Estado debe velar para los ciudadanos. Las políticas públicas por su parte deben ser dirigidas para entregar soluciones a las personas, y principalmente responder a las demandas de los más vulnerables y con riesgo social de nuestro país. Estas políticas se reflejan o se materializan en prestaciones sociales; desde la entrega de recursos económicos, como lo son los bullados “bonos”, la implementación de las ayudas técnicas, el ingreso a programas sociales con la orientación e intervención de profesionales y técnicos al servicio de los “usuarios”, esta denominación o nomenclatura técnica utilizada habitualmente para referirse a las personas al ingresar a una plataforma programática.
En esta gran “parrilla” programática de soluciones sociales, nos encontramos con una problemática que se nos viene al imaginario sobre todo cuando comienza el frio y las lluvias, y te preguntas: ¿Cómo lo estarán pasando la gente de duerme en la calle?, seguramente responderás; “no te preocupes hay albergues para ellos”.
Si bien hay albergues disponibles en estas fechas, estas no dan solución a todas las personas en esta situación. Si vemos el último catastro para personas en situación de calle este detectó a 12.255 personas a nivel nacional. De este total, 84% son hombres, los que tienen mayor presencia en las regiones del Maule, Los Lagos y Atacama. En promedio, las personas en situación de calle tienen 44 años de edad y llevan 5,8 años en dicho contexto. Entre las causas de índole biográfica que provocan la situación de calle se encuentran las trayectorias laborales accidentadas y esporádicas, las rupturas familiares, el consumo problemático de drogas y alcohol. Además, se constata que 56.4% de las personas catastradas presenta algún tipo de discapacidad y 49% señala requerir medicamentos especializados para alguna afección, datos que en su conjunto muestran la fragilidad de esta población en materia de salud (Ministerio de Desarrollo Social, 2012).
Según la oferta pública esta se basa principalmente en dos coberturas programáticas para las personas en situación de calle.
El primero es el Programa Calle que está dentro del Subsistema de seguridades y oportunidades. Esta plataforma cuenta con un acompañamiento psicosocial y sociolaboral, que tiene la finalidad de que las personas desarrollen herramientas para mitigar los factores de riesgo y que superen sus obstáculos biopsicosociales. Otras prestaciones entregan insumos económicos, que buscan la vinculación y participación en redes privadas y públicas con el apoyo de las instituciones ejecutoras, como el FOSIS y el mismo Ministerio de Desarrollo Social. Todos estos programas tienen una cobertura limitada, como ejemplo en Pudahuel se entregaron para los años 2016 y 2017 solo 20 cupos con la intervención de un psicólogo a medio tiempo, otro con un cuarto de tiempo para intermediación socio laboral y medio tiempo para un gestor del área social. Evidentemente esta oferta pública es precaria proporcionalmente en términos de alcance de la población calle existente.
La segunda plataforma pública que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social es el Programa Noche Digna, a través de dispositivos residenciales que tienen como fin interrumpir la situación de calle. Con instrumentos de categorización de perfiles de personas con menos daño cognitivo, auto valentes, que desarrollen actividades ocupacionales “remuneradas”, que estas personas además asistan o deseen involucrarse a un dispositivo de rehabilitación de adicciones. En esta plataforma las personas deben estar dispuestas a establecer metas de superación a través de un plan de trabajo, orientados por una dupla psicosocial y un facilitador laboral.
Este programa contempla acciones complementarias con una intervención de tipo asistencial; como son los albergues y las rutas de emergencia que entregan alimentación, abrigo, contención emocional en algunos casos y la derivación a un centro albergue en caso de que la persona esté dispuesta a aceptar este traslado.
En concreto eso lo que entrega el Estado como componentes de intervención para personas en situación de calle. Si bien en algunos casos son efectivos a la hora de que las personas accedan a tener un hogar, un “techo”. En cambio, debemos señalar que el tratamiento de las personas en situación de calle debería aunar o profundizar en otras dimensiones de la vida. Los programas en muchos casos logran abordar estas contingencias derivando a las personas con las redes públicas, pero siempre desde el prisma de que es una persona de calle. Esta categorización esta culturalmente arraigada, entonces cuando hablamos de personas en situación de calle se tiende a emitir prejuicios y por lo tanto surgen los mitos que estamos acostumbrados a escuchar cómo; “el flojo”, “el mendigo”, “el sucio”, etc. A menudo se tiende a criminalizar a las personas porque no pueden salir de esta situación, como una especie de categoría de seres anti sistémicos sin ganas de superarse. En esta esfera mitológica se debe profundizar en la desmitificación de los prejuicios y abordar a las personas como sujetos de derechos, desviar la atención de este paradigma es la tarea que se debe promover y asumir.
Algunas organizaciones dicen que no solo se debe actuar desde la habitabilidad, sino que los esfuerzos deben articular ampliamente a otras acciones desde los organismos responsables. Esto debería considerar que dentro de la problemática calle existen otras variables y perfiles que sí necesitan una mirada e intervención directa de los organismos públicos, como las personas de tercera edad, los niños, los discapacitados, las mujeres, las personas con patologías de salud mental, etc.
Esta exclusión social no solo la debemos entender como la carencia de vínculos familiares, de trabajo, falta de un techo, o de redes de apoyo. También se debe entender en una falta de derechos y una desprotección de estas personas en los espacios ciudadanos y públicos. La creación de políticas con un enfoque de integración seria relevante para ampliar los paradigmas asistencialistas, con el objetivo de no solo sacar a las personas de la “calle”, sino crear ejes programáticos que promuevan la participación activa de las personas en todos los ámbitos de la vida cotidiana y de participación cívica.
Autor: Yanhislav Ilabaca, militante de RD Pudahuel.
