El Servicio Nacional de Menores, SENAME, fue creado el año 1979 por la Dictadura Militar. A pesar de ser un servicio estatal que debía asumir como tarea primordial la protección de la infancia, se consolidó rápidamente, inspirado por el principio de subsidiariedad, como el administrador de un complejo entramado de subsidios estatales y traspasado a particulares –los organismos colaboradores-, bajo criterios economicistas, la tarea de proteger la infancia vulnerable de nuestro país.
Sostenemos que ese sistema de carácter tutelar se encuentra en una grave crisis, su estructura y funcionamiento está completamente obsoleto y es, además, profundamente deficiente tanto en términos de financiamiento como así también de calidad, oportunidad y especialidad de la intervención psicosocial requerida.
A este escenario catastrófico se une la inacción de un poder político que no interviene el SENAME, ni se propone el estudio e implementación de una institucionalidad de protección de la infancia y adolescencia que cumpla los estándares internacionales a los que Chile se comprometió al ratificar la Convención de Derechos del Niño.
El Estudio realizado el 2013 por la Magistrada Mónica Jeldres, avalado por el Poder Judicial y UNICEF, dio cuenta de un panorama absolutamente desolador detallando gravísimas vulneraciones de derechos a través del estudio sistemático de la situación de seis mil quinientos niños, niñas y adolescentes de alto riesgo en el sistema residencial del SENAME, distribuidos en diez regiones del país.
Las conclusiones de este informe son lapidarias. Entre las más relevantes cabe destacar el abuso sexual, la violencia física y el maltrato como prácticas absolutamente extendidas y normalizadas al interior del sistema; las faltas y omisiones del SENAME; y la negligencia y deficiencias de los jueces.
El impacto de este informe dio lugar a la conformación de una comisión de la Cámara de Diputados para establecer responsabilidades, pero no hubo ni una sola propuesta que se haya cristalizado en cambios fundamentales para haber cambiado la vida de miles de niños y niñas en residencias.
Muy por el contrario, la crisis del SENAME solo se ha agudizado, profundizado las críticas a una de las instituciones más cuestionadas del Estado chileno desde su creación.
Un detalle de las vulneraciones de derechos y deficiencias más ocurrentes detalladas en el informe Jeldres dan cuenta de la moribunda situación del SENAME: 1) Abusos sexuales en el interior de recintos; 2) Red de explotación sexual liderada por cuidadores; 3) Niñas y niños sin escolaridad y con faltas reiteradas al colegio; 4) Medicación sin la debida autorización de un profesional de la salud; 5) Fichas de niños en residencias que no coincidían con la información de los Tribunales de Familia; 6) Hacinamiento; 7) Falta de recursos para implementación de centros; 8) Castigos frecuentes; 9) Calefacción deficiente o sin calefacción; 10) Falta de agua caliente para bañar a los niños; 11) Niñas con papiloma humano que no eran llevadas al especialista; 12) Niños portadores de V.I.H. sin medicación; 13) Deficiente infraestructura; 14) Escasas medidas de seguridad; 15) Mala alimentación; 16) Personal insuficiente; 17) Mezcla de adolescentes infractores de ley con niños vulnerados en sus derechos.
A lo anterior, deben sumarse una lista de crudos diagnósticos que se han acumulado a lo largo de los años sin que la situación cambie.
Hoy a muy poco que termine la segunda Comisión investigativa de la cámara de Diputados, esperamos una solución real para la incierta cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en residencias, aún continuamos recibiendo denuncias de atropellos gravísimos a los Derechos Humanos, sin que se hubiera estructurado bien el funcionamiento de un servicio, con recursos oportunos y con la revisión de todos los carpetas que maneja el Ministerio de Justicia.
Por: Lorena Bustamante Medina, Presidenta Red Infancia Chile Ong