700 socios que mayoritariamente pertenecen a la familia militar se sienten perjudicados por la decisión de la institución castrense de quitarle su sede vecinal.
Pudahuel, 20 de noviembre de 2016. Bastante molestia e incertidumbre viven los dirigentes, vecinos y socios de la Junta de Vecinos “Villa Capitán Ignacio Carrera Pinto”, quienes estaban autorizados por el municipio para utilizar la sede social de acuerdo al decreto de la alcaldía Nº 1628 de fecha 6 abril 2004.
El terreno en donde se emplaza esta sede comunitaria, ubicada en calle Oceanía Nº 553, tiene una superficie de 519.12 metros cuadrados, en donde se construyó el inmueble comunitario.
Más de 700 personas que forman parte de esta junta, además de otras tres organizaciones que suelen ocupar este espacio comunitario son las que se ven afectadas. Según lo notificado el 16 de noviembre por la municipalidad de Pudahuel, debían hacer entrega del inmueble por solicitud del propietario Ejército de Chile (Comando de Bienestar del Ejército), el día 20 de noviembre, en circunstancias que el municipio había sido notificado por oficio de fecha 07 de abril 2016.
“Estoy y estamos todos los socios que fuimos parte del Ejército de Chile (746 familias), que compramos nuestras casa en este sector por intermedio de esta institución hace 28 años, muy molestos que se nos quite el terreno en donde está construida nuestra sede vecinal. Responsabilizo al ejército y a la municipalidad por no avisarnos oportunamente. Nos pillaron de improviso. El día 16 de noviembre, fuimos citadas las directivas de las cuatro organizaciones sociales que se reúnen en esta sede social por Cecilia Cesares de la municipalidad, quien nos leyó un documento en donde se nos indica que tenemos cuatro días para que entreguemos nuestra sede al ejército, en circunstancias que la municipalidad sabían esto desde abril de este año”, señaló Susana Troncoso Muñoz, presidenta de la Junta de Vecinos.
“Dentro del poco tiempo que tenemos, el día jueves 17 noviembre nos reunimos con personas responsables del Comando de Apoyo del Ejército, quienes nos dijeron que todavía están esperando una respuesta del municipio al documento enviado en abril, por lo que se dio por notificado que el terreno debía estar desocupado en la fecha indicada. Este lunes 21 de noviembre, vienen a tasar el terreno” agregó la presidenta.
“Hemos hecho inversiones en esta sede. Se cambiaron ventanas, techo, piso, se compraron muebles… Bastante es lo que se ha invertido en infraestructura ¿Quién responde por esas platas que le pertenecen a todos los vecinos?”, sentenció Susana.
Por su parte, Alejandro Aravena, territorial del sector Ignacio Carrera Pinto, aseguró que se enteraron tan repentinamente como la presidenta y las organizaciones que usan el inmueble, y que el municipio se encuentra enviando cartas al comando del Ejército para ver la posibilidad de extender el comodato.
Entretanto los vecinos y socios de esta villa comenzaron a organizarse, informando a la comunidad sobre la situación, llamándolos a firmar un documento en defensa de la sede. Instalaron mangas negras en todo el área en señal de protesta, no descartando radicalizar su postura en defensa de estos espacios comunitarios.
“Yo vivo cerca de esta sede, soy parte de estos vecinos y considero que el municipio es responsable de no haber informado oportunamente del término de este comodato. Esto es un abuso, es una vergüenza la burocracia instalada en el municipio, estoy segura que el alcalde tomará las medidas más urgente que permitan buscar la solución, como de comprar este terreno para estas organizaciones sociales afectadas”, dijo a concejala Lavinia Reyes.
Las dirigentes indicaron que este próximo martes tendrán una audiencia con el alcalde Johnny Carrasco.
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