Con una significativa concurrencia, principalmente especialistas del área psicosocial que trabajan en la atención pública, se desarrolló el Seminario “Estado actual y desafíos de nuestra Salud Mental en la Comuna de Pudahuel”, realizado en el salón de conferencias del Hotel Diego de Almagro.
Los ejes de las ponencias se basaron en tres temáticas: Violencia, Trastornos del Ánimo y Adicciones; que sirvieron como puntos de partida para un exhaustivo abordaje con miras a encontrar propuestas que ayuden a innovar en los enfoques y métodos de los servicios públicos que tratan sobre la salud mental en Pudahuel. Algunas cifras que se sacaron a colación fueron las siguientes: en el último año COSAM ha atendido 778 casos de maltrato, de cualquier tipo; en los últimos cinco años recibieron 1510 casos concernientes a trastornos emocionales y 1396 por consumo de drogas. Por su parte, el programa de Violencia Intrafamiliar de Pudahuel, a través de la psicóloga Denisse Gálvez, resaltó sobre un aumento en las denuncias por violencia ejercida al interior de las familias, de 492 casos en 2011 a 622 en 2012. Lo que también demuestra, a juicio de la especialista, que las mujeres de hoy se atreven más a visibilizar algo que hasta hace no mucho quedaba única y exclusivamente reprimido en la esfera privada.
Celeste Beroíza, Educadora Comunitaria de la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de Pudahuel (OPD), sostuvo que el 47% de los niños de la comuna nunca han escuchado hablar sobre sus derechos. A su vez, de los casos judicializados de OPD Pudahuel, 28% ingresan por maltrato físico y sólo el 11% de los niños, niñas y adolescentes del programa Vida Nueva diagnosticados con algún tipo de trastorno mental está recibiendo atención en algún centro especializado. Ante este panorama de la realidad se trabaja para que en el fututo se materialice una política local con un enfoque de derechos hacia los niños.
A medida que se fueron desarrollando las diferentes ponencias, paralelamente, se iban facilitando conclusiones y una de las primeras fue la necesidad de cambiar la mirada frente a problemas que sucedan al interior de las personas, de las familias o los barrios. Esto significaría evaluar íntegramente cada situación tomando en cuenta la singularidad del caso, pesquisando los factores que inciden de manera particular. Salir de los enfoques binarios (víctima-victimario, bueno-malo, etc.) en los que muchas veces caen los especialistas y adentrarse en el análisis desde una perspectiva de las relaciones o las acciones que generan la vulneración del derecho de una persona, sería uno de los desafíos a trabajar en el servicio público.