De acuerdo a un estudio muy acabado del DICTUC, y con diversos expertos de todos los sectores y cotejando impresiones, se llegó a la siguiente conclusión:
Un estudio que contradice las preocupaciones por el efecto en la salud de las personas que provocarían las antenas de celulares en zonas urbanas, dio a conocer esta tarde el Dictuc -filial de la Universidad Católica-, el cual concluyó que estos aparatos emiten 15 veces menos radiación que la norma exigida en Chile.
Y no sólo eso: de acuerdo a los resultados, la norma en Chile se sitúa como la tercera más exigente del mundo al compararla con los 34 países de la OCDE y otros 32 del resto del planeta.
El experto del Dictuc, Diego Veas, señaló que el estudio midió en terreno la radiación no ionizante emitida por antenas de celulares en 450 sitios de las 15 capitales regionales del país (incluida Pudahuel), concluyendo que “en todas las mediciones realizadas se cumple con los máximos permitidos”.
Así, la densidad promedio de la potencia radioeléctrica -medida de la radiación, en microwatts (µW) por CM2- de las antenas celulares alcanzó los 0,07 µW/cm2, casi quince veces menos que la norma exigida para antenas cercanas a hospitales, establecimientos educaciones y otros lugares sensibles – de 10 0,07 µW/cm2-, y casi 140 veces menor a la exigida en espacios exteriores normales, de 100 µW/cm2.
Veas estimó que los resultados del estudio “son una muy buena noticia porque la vedad es que demuestran que uno está expuesto a un nivel bajísimo de radiación”.
En esa línea, el experto enfatizó dos aspectos de las mediciones. “El nivel de la radiación es bajísimo, cumpliendo la normativa, y, a su vez, la normativa está puesta en forma muy estricta, por lo tanto no hay un problema o una suspicacia para decir que lo que se acepta en Chile no está permitido en otros países, porque comparado con los países OCDE estamos liderando el ranking”.
Esto toma especial relevancia, sobre todo en Pudahuel, debido a los conflictos que llevado, las instalaciones de antenas de celular en la comuna, que para muchos vecinos, presentan una amenaza en la calidad de vida, que incluso mucho de estos conflictos han terminado en tribunales y agresiones, hacía quienes arriendan sus terrenos para ello.
Por lo tanto, con este estudio queda claro que el daño a la salud, no es tal, pero que de igual manera, se tiene que mermar y regular, con las exigencias y rigurosidad que pide la ley, como conclusión y debate debería ser, que para evitar situaciones que generen conflicto y disturbios, estas, entonces, se deberían instalar en lugares físicos de los cuales todos se pudiesen beneficiar, desde el punto de vista económico.
Por: Cristián Carrión Núñez
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