Las sinceras declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente en relación al último evento de contaminación atmosférica de Puchuncaví, en el sentido que este tipo de situaciones seguirán ocurriendo a pesar de los resguardos y de las medidas de mitigación, se suman al feroz incendio de la Industria de Plásticos Wenco en Quilicura, especialmente en su bodega de materiales altamente combustibles y peligrosos; y al pronunciamiento de la Justicia en relación a mantener la condena a Aguas Andinas respecto de la indemnización que debe cancelar a cada familia que les demandó, especialmente las de Pudahuel, dos millones de pesos a cada una, nos plantea una serie de consideraciones que es preciso tener a la vista, especialmente en esta época de próximas elecciones municipales.
En efecto, las autoridades municipales, Alcaldes y Concejales, son mandatarios que han recibido el respaldo electoral de la Soberanía Popular, es decir un mandato de los ciudadanos, para administrar y generar las mejores condiciones de vida para ese territorio jurisdiccional denominado comuna. Pero es un mandato, que es revisable y que, al menos es lo que cada día de ejercicio democrático perfecciona, fiscalizado por la ciudadanía cada más informada y activa.
Es que el desarrollo local, y la sustentabilidad del mismo, es tarea de todos.
Respecto del tema en cuestión, son las autoridades comunales en pleno uso de las facultades que le confiere la Ley, las llamadas a asumir compromisos de mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades y eso conlleva, a que dudarlo, la minimización de los riesgos de actividades productivas peligrosas que puedan tener ocurrencia en la comuna.
Los ciudadanos tienen, hasta Octubre de este año, oportunidades para dialogar con sus futuras autoridades y exigirles que incorporen en sus programas de gestión, compromisos que garanticen que las Industrias y actividades que conllevan riesgos “hagan bien la pega”.
Pero también el ciudadano y las organizaciones sociales tienen las facultades, en virtud de varios cuerpos legales, de fiscalizar si la gestión administrativa está siendo bien o mal llevada. Temas como la actualización de los Planes Reguladores; la fiscalización de los permisos de edificación que está otorgando la Municipalidad respectiva; el cumplimiento de las medidas de mitigación que los permisos sectoriales ambientales les han exigido a las industrias, y muchas cosas más. Y, por sobre todo, si ello no ocurre, tienen todo el derecho de recurrir a la Justicia para exigir que se cumplan las medidas que las administraciones no han sido capaces de exigir o fiscalizar apropiadamente.
Un catastro de actividades que conllevan riesgos, georreferenciado, con Planes de Contingencia actualizados, que incluyan coordinaciones con Bomberos, con la Policía, con los sistemas de salud local y regional, son imprescindibles. Lugares donde se acopian sustancias peligrosas, sea para la producción o el tratamiento, es preciso tenerlas plenamente identificadas, y monitoreadas en forma permanente. A ello se le llama una Política Preventiva de Gestión de Riesgos que viene a superar las ineficientes y obsoletas Planificaciones de Emergencias.
Las administraciones locales, sus autoridades, son mandatadas para generar Políticas Preventivas, no para reaccionar tarde y mal.
Exigir que ello ocurra es tarea de los ciudadanos y ciudadanas. Hasta octubre de este año se acercarán candidatos de todo signo ofreciendo de todo, pero lo que en realidad deben hacer es escuchar y registrar las demandas de la comunidad y traducirlas en planes anticipatorios y modernos.
Estamos en el Siglo XXI, y si no funcionan los mecanismos tradicionales, las redes sociales ocuparán el lugar y cumplirán el rol que han ganado con toda legitimidad: La primavera del Medio Oriente es una muestra que nadie, ni privado ni público, puede descuidar sus compromisos.
Luis Marín Salazar, Sociólogo – U. de Chile, Presidente ONG CIPDEL