El diputado Patricio Melero opinó que no hay institución más transparente en el país que el Congreso Nacional y cuestionó el mérito jurídico de acusación presentada en contra de la intendenta Van Rysselberghe, entre otros temas, al hablar ante académicos y estudiantes de la UCINF.
Una clase magistral sobre “Lo permanente, lo nuevo y el futuro de la Cámara de Diputados”, dictó el Presidente de la Corporación, el diputado Patricio Melero, al inaugurar este jueves el año académico de la Facultad de Derecho de la Universidad UCINF.
La conferencia tuvo lugar en el aula magna del plantel y contó con la presencia de la Rectora, Karin Riedemann, el Decano de Derecho, Juan Jorge Lazo, además de académicos y estudiantes de la universidad privada.
Melero agradeció la invitación a dictar esta clase y destacó que decidió aceptarla como una señal de su respaldo a un proyecto universitario que cuenta con acreditación y contribuye a la formación de miles de jóvenes.
En su exposición, el titular de la Cámara hizo una reseña de la historia y explicó las funciones legislativas, fiscalizadoras y representativas de la Cámara de Diputados, recordando que Bernardo O”Higgins fue uno de sus integrantes fundadores y que este año el Parlamento chileno celebrará los 200 años de su instalación.
Junto con describir las múltiples facetas del trabajo parlamentario, manifestó a los estudiantes que “a veces peyorativamente se dice que los diputados trabajan tres días a la semana y ganan mucha plata; lo segundo es verdad, lo primero no, porque la verdad es que nuestro trabajo es muy vasto y amplio para quien quiera realmente ejercer bien esto, nadie se hace rico en esta tarea y a nadie le sobra tiempo, además hay que someterse a la evaluación final, al control social si quiere que lo elijan de nuevo: o se hace bien la pega o te vas para la casa”.
Más adelante, el diputado entró de lleno a un tema de actualidad en estos días como es la acusación constitucional presentada por diputados de oposición contra la Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, que iniciará su trámite el próximo martes en la Cámara.
“La acusación constitucional está reservada para casos gravísimos, no para el uso político contingente de una declaración desafortunada de una intendenta. Uno podría haber acusado constitucionalmente al Presidente Ricardo Lagos, que le prometió al país un Transantiago eficiente, descontaminado y de primer nivel, pero no estuvo en la intención el error. Así que no da mérito, creo yo, una declaración política para construir una argumentación jurídica de una acusación, más aún cuando ninguno de los dichos de la señora intendenta se tradujeron en una acción real y efectiva”, sostuvo.
“¿Que la declaración fue mala?: pésima, ¿que fue inadecuada?: desde luego, ¿que no la debió haber dicho nunca?: nunca, ¿que fue imprudente?: sí, pero a mi juicio no tiene el peso específico ni el mérito jurídico para que se construya una acusación constitucional a la luz del precepto constitucional y el rigor jurídico que exige”, agregó.
También aseguró que el diputado Enrique Van Rysselberghe, hermano de la intendenta acusada, puede votar el libelo y no está obligado a inhabilitarse por sus lazos de parentesco, precisando que el artículo 5-B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, si bien prohíbe a los parlamentarios votar en asuntos en los que tengan interés directo o indirecto, también establece que este impedimento no regirá “en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados”, como es el caso de una acusación constitucional.
No obstante, el diputado Melero defendió la validez de este instrumento de fiscalización manifestando que “la acusación constitucional es un elemento fundamental como contrapeso necesario en un estado de derecho para que el gobierno sepa que no se manda solo y que no está exento de fiscalización, esa es su principal utilidad y lo que justifica su existencia”.
Más adelante, el Presidente Melero abordó asuntos como la ética en el ejercicio de la función parlamentaria y la transparencia y el control ciudadano de la misma, destacando en ese plano el trabajo de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.
“Ha habido por ahí algunos diputados mal portados que han tenido conductas impropias, inadecuadas, que no constituyen un ejemplo, y han sido sancionados por la Comisión de Ética”, indicó.
“Como sociedad hemos avanzado muchísimo dejando de lado el secretismo. Hoy día yo dudo que haya instituciones más transparentes en el país que las del Congreso Nacional, donde los ciudadanos pueden saber todo lo que es de interés general respecto a un parlamentario, de cómo votó en comisiones y en Sala, mociones presentadas, asistencia, la dieta y las asignaciones que recibe, todo ello está en la página web de la Cámara de Diputados”, agregó.
En la parte final de su exposición, el líder parlamentario describió la tarea que han iniciado dos nuevas entidades que velarán por la transparencia de la función parlamentaria: el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria, que fijarán los montos y controlarán el uso de los recursos públicos que reciben los senadores y diputados para cumplir sus tareas.
“Tenemos ahora el desafío de compatibilizar la transparencia con la eficiencia. Si bien los datos demuestran que demasiada participación de la sociedad civil en las instituciones decisorias ralentizan los procesos en detrimento de la eficiencia y viceversa, la apertura y publicidad de los actos resulta a mi juicio indispensable”, concluyó.
Feche del artículo: Publicado el 31 de marzo del 2011
