El jefe de bancada UDI explicó que los recintos penitenciarios pueden producir externalidades negativas y afectar a la comunidad aledaña, lo que debe ser analizado con anterioridad a su construcción a objeto de ser mitigado o compensado.
El incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel en diciembre pasado demostró la urgente necesidad de construir nuevos penales que permitan otorgar mejores condiciones de vida a los internos.
Anteponiéndose a esta situación, el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Patricio Melero, junto a su par Andrea Molina, presentaron un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de someter al sistema de evaluación de impacto ambiental la construcción de cárceles.
Según recalcó Melero, “el país necesita en forma urgente avanzar en la construcción de nuevos recintos penitenciarios. El hacinamiento de las cárceles obliga a que esa situación sea abordada con urgencia, como también el control de la delincuencia obliga a actuar con efectividad para que los delincuentes no estén en las calles sino recluidos si han cometido un delito mayor. Pero esto no se puede hacer en contra de las comunidades, ni en contra de quienes viven o pueden vivir cerca de recintos penitenciarios que se construyan”.
En esta línea, el parlamentario precisó que “las cárceles pueden generar externalidades negativas, afectar la vida de los habitantes, como lo hemos visto en el penal de Colina o, recientemente, en la cárcel de San Miguel y en otros recintos penitenciarios que se construyen en el país”. De esta forma, la iniciativa legal apunta a que “las nuevas cárceles que se construyan, tengan que ser sometidas a estudios de impacto ambiental, a objeto de que las externalidades negativas que se generan o las formas como se puede afectar a la comunidad, al transporte público o al entorno mismo, sea debidamente evaluado y, si es que hay efectos, esos sean anticipadamente mitigados o compensados”.
“No se puede seguir construyendo cárceles a espaldas de la opinión de los vecinos o de las municipalidades”, sostuvo Melero.
Mientras, la diputada Molina -quien integra la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados- enfatizó que “la mayoría de las veces, la población no quiere que se instale una cárcel cerca del lugar en que vive, y eso es lógico, ¿quién va a querer tener una cárcel cerca?. Pero sabemos que es necesario construir nuevas cárceles, por lo tanto, para mitigar o compensar lo factores negativos que esto pueda significar, es fundamental un estudio de impacto ambiental”.
En este sentido, los legisladores UDI puntualizaron que el proyecto presentado “implica una modificación a la ley marco de medio ambiente a objeto de estos factores, por ley, para todos los recintos penitenciarios con una población superior a 800 internos, tengan obligatoriamente que someterse a este tipo de estudio”.
Fuente: editor@congreso.cl