Fiscalía Metropolitana Occidente acusó por el delito de fraude al fisco al actual alcalde Mario Olavarría, su exjefa Dideco Isabel Valenzuela y los exfuncionarios de la municipalidad de Cerro Navia, César Vidal y Marcela Morales.
El equipo de la arista Colina estuvo integrado por los fiscales José Luis Pérez Calaf, José Solis y la abogada asesora Pamela Ballesteros
Para las 10:30 horas de mañana miércoles, el Tribunal Oral en Lo Penal de Colina anunció la comunicación — en audiencia pública – del veredicto respecto de los cuatro acusados por el delito de fraude al fisco, en la arista Colina, del llamado caso Basura.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, los hechos que se imputan en esta causa son dos y muy específicos pues se trata de la presentación de servicios profesionales a honorarios por parte de dos imputados que, a su vez, eran funcionarios públicos en el Municipio de Cerro Navia, según en su momento detectó Contraloría General de la República.
Por estas situaciones, enfrentaron juicio oral el actual jefe comunal de Colina Mario Olavarría Rodriguez; Isabel Valenzuela Ahumada, quien en el periodo 2010-2015 ejerció como Directora de Desarrollo Comunal (Dideco) del mismo municipio; Marcela Morales Aliste quien emitió boletas de honorarios por servicios de apoyo profesionales en la unidad de planificación de esa municipalidad, siendo al mismo tiempo secretaria de planificación de la comuna de Cerro Navia. En el año 2013, siendo funcionaria de la Municipalidad de Cerro Navia, a la vez prestaba honorarios supuestamente en la Municipalidad de Quilicura, Lo Barnechea y Colina. A partir de febrero de 2014, la acusada asumió como administradora municipal en dicho municipio, cargo con exclusividad, sin embargo hasta junio de ese año mantuvo honorarios en Colina.
El cuarto acusado es el asistente social César Vidal, el que siendo profesional y luego Director de Desarrollo Comunitario de la comuna de Cerro Navia, entre los años 2013 y 2015, emitió boletas de servicios como “apoyo profesional a Dideco” de Colina.
“El presupuesto fáctico es muy simple: dos personas prestando servicios a honorarios, y la verdad es que no prestaron servicio alguno, solo los papeles están diciendo que eso pasó pero en la realidad nadie los vio trabajar. Las personas con las que debían trabajar vinieron aquí (al juicio oral) a decir que nunca trabajaron con ellos y creemos que el Ministerio Público logró cumplir la promesa realizada al inicio del juicio, que es haber demostrado que el fenómeno de la corrupción es una realidad en las operaciones de la Municipalidad mediante el aparataje de contratos honorarios que son una apariencia para defraudar al pagar supuestos servicios no prestados, lo cual fue mediado por la actuación de una funcionaria pública, Directora de una Dirección, actuando como ITO dio la visación de la efectividad de la prestación de los servicios y el alcalde quien los contrató y ordenó pagarles, ocasionando un perjuicio fiscal.
Este juicio oral del 5 de marzo al 16 de abril—que se extendió por 22 días— fue llevado por el fiscal adjunto de la Unidad de Alta Complejidad José Solis, la abogada asesora Pamela Ballesteros y el Fiscal Regional Metropolitano Occidente José Luis Pérez Calaf
Respecto del desarrollo del juicio, el fiscal regional reconoció complejidades porque que “el tribunal no nos permitió realizar prueba anticipada ni una videoconferencia respecto de un testigo que estaba en Alemania, y era un testigo importante para el Ministerio Público porque era quien realizó el sumario administrativo, que había determinado responsabilidades administrativas y había determinado que efectivamente todos los trabajos realizados por estas dos personas (acusados) Marcela Morales y César Vidal no habían sido realizados, que no había ningún elemento en la municipalidad de que constara que los trabajos se habían realizado” detalló la autoridad de la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Sin perjuicio de lo anterior, Pérez Calaf detalló que para la Fiscalía — a partir del conjunto de la prueba testimonial, material, pericial y documental—la tesis acusatoria logró ser probada en virtud del trabajo complementario desarrollado con el Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa
